uma y sigue... La compra del grupo vasco de distribución Uvesco, que es el propietario de los supermercados BM y Super Amara, por parte del fondo francés de capital riesgo PAI Partners, al adquirir una participación del 70% de la compañía valorada, según fuentes financieras consultadas por el diario económico Expansión, en unos 500 millones de euros, pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad del tejido empresarial vasco cada vez más controlado por gestores financieros con intereses especulativos y la dependencia de nuestras firmas a los intereses de unos propietarios de fuera de Euskadi y, por lo tanto, ajenos al desarrollo y progreso de este país.
La venta del Grupo Uvesco es otro eslabón más de la larga lista de empresas familiares vascas referentes en sus resultados, posición de mercado y gestión en sus respectivos sectores que abandonan este carácter para echarse en manos de fondos de inversión, a nada que se produzca una oferta interesante.
Generalmente, esta situación se da con mayor frecuencia cuando las empresas familiares ya no están controladas por los fundadores, sino por nuevas generaciones de la familia o familias, como es el caso del Grupo Uvesco, que están más dispuestas a aceptar un buen acuerdo y hacer caja que seguir con la dinámica de crecimiento e inversión que estaban desarrollando al frente de sus compañías. A todo esto hay que añadir una circunstancia importante, que suele ayudar en este tipo de operaciones de venta, que es el contar con un atomizado accionariado familiar,
Sorprende que una operación de esta importancia, cuando se trata de una empresa que el año pasado registró una facturación de 954 millones de euros, que da empleo a 5.700 personas, y tiene una estrategia comercial basada en la calidad, la apuesta por el producto fresco, apoyando al sector primario y fomentando la producción de Km. 0, y la proximidad, no haya provocado ninguna reacción de tipo empresarial, institucional o social, en lo que significa, una vez más, la pérdida del centro de decisión de una empresa vasca, en este caso, guipuzcoana, a pesar de que el comprador ha mostrado su deseo de seguir contando con el actual equipo directivo y mantener la sede en Irun. Unos deseos, que en otros casos semejantes, han desaparecido con el paso del tiempo por otra realidad bien diferente.
Curiosamente, hace un año, el gobierno francés dio un ejemplo de defensa del tejido económico y social al oponerse a la adquisición del grupo de distribución Carrefour por parte del grupo de alimentación canadiense Couche-Tard apelando a los intereses generales del país, la soberanía alimentaria y la defensa del empleo local. La operación suponía el desembarco del grupo canadiense en Europa y Sudamérica y partía de una valoración de Carrefour de unos 16.000 millones de euros. Si el criterio del Gobierno galo no prosperaba por la actuación contraria de los actores de la operación, el Ejecutivo francés estaba dispuesto a aplicar un decreto aprobado en 2019, en el que se incluye a la distribución alimentaria entre los sectores sobre los que el Estado galo puede intervenir para impedir que sus empresas pasen a estar controladas por grupos extranjeros. Todo un modelo que debe hacernos reflexionar sobre lo que está ocurriendo en este país.
La operación del Grupo Uvesco es la evidencia de que los fondos de capital riesgo han puesto el foco de su estrategia inversora en el sector de la distribución, en concreto, en las cadenas de supermercados regionales en el Estado que han mostrado una gran resistencia a los efectos de la pandemia y cuentan con una valoración entre 800 y 1.000 millones de euros. Un segmento con muchas empresas localizadas en varias regiones, que si se unieran todas ellas conformarían el segundo grupo estatal por cuota de mercado, y por ello, están obligadas a protagonizar procesos de integración para responder al fuerte crecimiento de las multinacionales alemanas del sector, a la vez que necesitan de recursos importantes para afrontar nuevas inversiones, entre las que destaca también la digitalización.
El Estado español se ha convertido en los últimos años en un lugar muy atractivo para los fondos de capital riesgo a la hora de llevar a cabo sus inversiones por la gran fragmentación empresarial que existe y entre las que destacan aquellas empresas familiares que se hallan en un momento de cambio generacional, a lo que hay que añadir que los nuevos propietarios tienen una visión empresarial más sofisticada y están más abiertos a desarrollar un crecimiento a través de adquisiciones.
Esta situación, a la que hay que añadir la existencia en el mercado de una gran liquidez monetaria y a la necesidad de obtener una buena rentabilidad a la inversión realizada debido a los muy bajos tipos de interés que ofrece el sistema bancario, está provocando un afán desmedido por parte de los fondos de capital riesgo a la hora de adquirir una participación mayoritaria en empresas, no solo industriales, sino también del sector primario y del terciario. Y en ese terreno, el Estado español es un terreno a explorar, por las grandes oportunidades que presenta.
Según datos de la asociación patronal que reúne a los fondos de capital riesgo del Estado, ASCRI, la inversión realizada hasta el tercer trimestre de este año alcanzaba los 5.000 millones de euros, lo que significa un 18% más que en el mismo periodo del año anterior, repartidos en un total de 618 operaciones.
Detrás de la operación del Grupo Uvesco vendrán, con toda seguridad, otras más de otras empresas, de la misma forma que los antecedentes más próximos han sido los de ITP Aero o Solarpack, y en el pasado lo fueron Euskaltel, Ibermática, Lau Lagun, Angulas Aguinaga y tantas otras, a causa del gran déficit estructural que tiene la economía vasca al no contar Euskadi con una industria financiera potente con la suficiente capacidad y potencia de fuego para tomar participaciones de control en aquellas empresas estratégicas inmersas en procesos de venta o de cambio de accionariado, con el fin de asegurar su continuidad y arraigo en el país.
Una situación que refleja la falta de visión estratégica y de valentía que ha existido por parte de los actores concernidos de este país, tanto públicos como privados, para poner en marcha un fondo de inversión con vocación de país vinculando instituciones, inversores industriales, family office, etc.. Si este proceso de toma de control de empresas por parte de los fondos de capital riesgo sigue adelante con el frenesí con el que lo está haciendo y sin que nadie pueda detenerlo, nos vamos a encontrar con la realidad de que las únicas empresas, salvando honrosas excepciones, de las que podemos decir que cuentan con capital vasco y que tienen garantizado su arraigo en el país contribuyendo a su desarrollo y progreso, a través de la creación de riqueza y generación de puestos de trabajo, son las cooperativas y las compañías participadas por los trabajadores; es decir, las empresas de economía social.
Sorprende que tratándose de una empresa que el año pasado facturó 954 millones de euros y que emplea a 5.700 personas no haya provocado ninguna reacción social, empresarial o institucional
