La primera medida adoptada por el primer Consejo de Ministras y Ministros ha sido levantar a partir del lunes la supervisión y el control financiero de las cuentas de la Generalitat, en manos del Ministerio de Hacienda desde septiembre de 2017. Ha sido, según explicó Isabel Celaá portavoz del Gobierno, un gesto de “normalidad política”, precisando que eso no significa que el Gobierno “no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas”. Ayer mismo, la subsecretaría de Hacienda se ha puesto en contacto con los bancos para que el Gobierno de Catalunya pueda afrontar los pagos y sus gastos, sin necesidad -como hasta ahora- de pasar por la supervisión del Banco de España. La intervención de las cuentas catalanas comenzó en 2015, ligado al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), pero se reforzó con un control total de pagos y facturas desde septiembre de 2017, poco antes del referéndum del 1-O. Esta medida era independiente de la aplicación del artículo 155, que supuso el cese del Govern y de todas sus funciones, asumidas por el Gobierno central. La decisión no ha debido resultar fácil, sobre todo cuando el secretario de Organización y actual ministro de Fomento, había asegurado que la fiscalización se mantendría. Otro asunto que ha trascendido es que desde comienzos de la próxima semana, Pedro Sánchez se dirigirá a todos los presidentes autonómicos para convocarles a una reunión, aunque se ha cuidado mucho en establecer la fecha concreta para la entrevista con Torra. También mantendrá conversaciones con los agentes sociales y con todas las fuerzas políticas. Las críticas de la derecha no se han hecho esperar. Inés Arrimadas (C’s) ha acusado a Sánchez de “cumplir las exigencias de los separatistas catalanes” al levantar el control sobre las finanzas y de dar un “premio al Govern”. Maroto, vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, ha dicho: “Primera decisión y primer error”. Yo concluyo que es un coctel muy peligroso combinar intolerancia con resentimiento.
