Otoño 2012: ¿invierno o primavera?
EL último cuatrimestre del año va a ser clave para valorar la política económica aplicada a la gestión de la crisis tanto en la última etapa de Zapatero como en el primer año de Gobierno de Rajoy. Ambos vienen aplicando desde 2010 una política que parte del mismo diagnóstico y aplica la misma receta, en dosis diferentes.
En España la alta sensibilidad del empleo al ciclo económico significa que caídas en el nivel de actividad se traducen en un aumento más que proporcional en el nivel de empleo y del déficit fiscal, porque los ingresos se contraen rápidamente y el gasto aumenta mucho por atender a los nuevos desempleados. Eso es lo que explica que la crisis se haya traducido en uno de los déficits fiscales más elevados de la eurozona, junto al de Grecia y el de Irlanda.
La receta completa contra este problema incluye favorecer el crecimiento económico y modificar la estructura de ingresos y gastos fiscales. En 2009 se intentó lo primero sin abordar lo segundo, y el resultado fue un incremento del déficit del 3% al 9,5% del PIB (sin contar pago de intereses). En 2010 se abandonaron los estímulos al crecimiento y se inició una tímida reforma fiscal - profundizada por el PP en 2012, que ha permitido una reducción del déficit hasta el 6,1% en 2011 (8,5% si incluimos el pago de intereses).
Al mismo tiempo, en el último año y medio se ha querido reducir la sensibilidad del empleo a la situación de la coyuntura económica, con dos reforma laborales que pretenden que los ajustes de las empresas al ciclo se hagan más sobre los precios (salarios) y menos sobre la cantidad (empleo).
Pero desde 2009 la economía vive un prolongado ciclo recesivo, casi cuatro años de estancamiento económico, y el abandono de los estímulos al crecimiento se ha traducido en que a los dos millones de empleos perdidos al inicio de la crisis (65 mil en Euskadi) se le añada desde 2010 otro millón más de empleos destruidos (30 mil en Euskadi) como consecuencia del estancamiento económico, sin que las reformas laborales hayan podido frenar esta destrucción de actividad económica. Solo la inversión puede garantizar un crecimiento sostenido de la actividad económica. Pero la inversión privada está en retroceso por las malas expectativas de demanda y por tanto de rentabilidad. Y la inversión pública ha sido la primera víctima de los recortes.
Tampoco le ha ido mucho mejor a los ingresos fiscales; los impuestos y cotizaciones sociales, que llegaron a representar el 38% del PIB en 2007, antes del impacto de la crisis en España, hoy se han reducido hasta el 32% del PIB. O dicho de otra forma, ahora hay 60.000 millones de euros menos de recaudación para financiar el gasto público que hace cinco años.
Por eso es tan importante verificar si el incremento de los tipos impositivos y las medidas de lucha contra el fraude decretadas en las últimas reformas servirá para aumentar los ingresos, o si por el contrario el deterioro económico hará caer aun más la recaudación. Los aumentos en los impuestos sobre los ingresos de familias y empresas no han aumentado la recaudación; ahora está por ver si los impuestos sobre el consumo logran recaudar más. Hay una cierta aversión popular en contra del aumento del IVA que, sin embargo, a diferencia de los impuestos sobre la renta y sociedades, no discrimina en contra de los productores domésticos, ya que lo pagan tanto los productos locales como los importados. En un país con importantes problemas de balanza comercial exterior, este argumento merecería mayor consideración en el debate fiscal.
El primer semestre de 2012 ha sido un autentico desastre para la economía española, y para la industria en particular. La evolución de los pedidos y la cifra de negocios han sido negativas en toda la primera mitad del año, especialmente en la producción de bienes de consumo duradero, por tanto, es previsible que la segunda mitad del año confirme la situación de estancamiento económico, frenando la recaudación de impuestos sobre el consumo.
Si esta evolución se confirma, las medidas de estímulo a la actividad económica serán el centro del debate político, pues la continuidad del ajuste fiscal vía incremento de tributos y reducción del gasto solo llevará al colapso económico y a la crisis política. Si ya no hay margen para nuevos ajustes fiscales sobre rentas y consumo o laborales, solo hay una posibilidad para generar los ingresos que pudieran dinamizar la actividad: actuar sobre el patrimonio. También aquí hay una opción política. Se puede acelerar los procesos de privatización de recursos públicos -agua, aeropuertos, ferrocarriles, hospitales? todo es susceptible de privatización, incluso las cárceles-. O se puede actuar sobre el patrimonio privado, creando impuestos a la riqueza y asimilando los tipos impositivos las rentas del patrimonio a las rentas del trabajo y la producción. La primera vía es sin duda la preferida por un gobierno conservador (conservador del patrimonio privado a costa del público), pero se enfrenta a un problema: el capital acumulado en el ladrillo es el primer interesado en colocarse en estas posibles nuevas fuentes de acumulación de beneficios que son las privatizaciones. Pero el nivel de endeudamiento de las empresas de la construcción es tan elevado que solo a precio de saldo podrían comprar el patrimonio público, siendo muy difícil evitar que las actividades más rentables vayan a manos del capital extranjero. Este es el principal escollo que ha frenado hasta ahora la nueva ola de saqueo del patrimonio público, iniciado en los años noventa por los gobiernos de Felipe González. Si las privatizaciones no generan suficientes ingresos para dinamizar la inversión, el PP haría un mal negocio.
En este contexto, la evolución en la UE, en especial en la eurozona, será clave para determinar los márgenes de maniobra del gobierno. Frente a quienes pronostican una crisis terminal del euro, no parece que el futuro de esta moneda esté en cuestión; el euro se mantiene como el segundo activo de reserva mundial, y todos los países de la eurozona se han visto favorecidos por su existencia para reducir el coste de financiar sus deudas, tanto los que tienen problemas de déficit (a mediados de los noventa España tenía que dedicar el 5% de su PIB a pagar intereses de la deuda pública, y ahora solo el 3%; Grecia dedicaba el 11% y ahora el 7%), como los aparentemente fuertes (Alemania dedicaba hace tres lustros el 5% de su PIB a pagar intereses, hoy menos del 2%; Finlandia ha pasado en el mismo período del 4% al 1,5%). Pese a la rumorología, nadie con poder suficiente en la eurozona está interesado en acabar con el euro.
Aún está por ver, pero si la eurozona manifiesta una disposición clara a limitar la dispersión de las rentabilidades en la deuda pública de los países miembros a no más de unos dos puntos porcentuales (cifra que se superó en Grecia en diciembre de 2009 respecto a la deuda alemana, hasta los más de 25 puntos actuales, y en España al mes siguiente, hasta los casi 6 puntos de ahora), ello permitiría reorientar la discusión de las políticas de ajuste hacia las políticas de fomento. Probablemente, la discusión en los próximos meses se centrará en qué medida tiene que contribuir la caja central de la UE (es decir Bruselas"¡) a financiar el despegue de las economías europeas. Teniendo en cuenta que en 2013 finaliza el actual periodo de programación financiera, el debate sobre el presupuesto comunitario para los próximos siete años de programación -su estructura, prioridades, volumen y demás- se añadirá a la polémica sobre los presupuestos nacionales y autonómicos.
Si se producen, las actuaciones sobre el patrimonio (público o privado) y los programas comunitarios de apoyo a la inversión, pueden crear las condiciones para un ligero crecimiento económico a partir de 2013. Un programa de inversiones públicas favorecerá en mayor medida a las regiones como Euskadi, que tienen capacidad de producir bienes de inversión. Pero cuatro o cinco millones de empleos no se generan, salvo casos de burbujas que estallan al poco tiempo, sino con un cambio productivo que requiere al menos una década para materializarse. Todavía nadie ha agarrado este toro por los cuernos.