Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido por la policía de Thames Valley en el marco de una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público, relacionada con el supuesto envío de documentos oficiales a Jeffrey Epstein. Se trata del primer miembro de alto rango de la realeza británica en ser arrestado en la historia reciente.
La relación entre ambos se remonta, al menos públicamente, a finales de los años 90. En 1999, el entonces príncipe fue presentado a Epstein a través de su pareja, Ghislaine Maxwell, figura habitual en círculos sociales internacionales. No obstante, el secretario privado de Andrés sostuvo posteriormente que los contactos entre ambos podrían haberse iniciado ya a comienzos de la década.
Las primeras acusaciones
Virginia Giuffre fue una activista austroestadounidense que ofrecía apoyo a las víctimas de la trata sexual. Además, dio un relato detallado a periodistas estadounidenses y británicos sobre su experiencia al ser víctima de trata por parte de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.
Giuffre afirmó que, en marzo de 2001, cuando tenía 17 años, mantuvo relaciones sexuales con Andrés en Londres y Nueva York, y que también coincidió con él en la isla privada de Epstein. En enero de 2015, Giuffre presentó una declaración jurada ante un tribunal de Florida en la que aseguró que había mantenido relaciones sexuales con él cuando era menor de edad, dentro de la red que dirigía Epstein.
La crisis institucional
La relación del expríncipe con Epstein generó su primera gran crisis pública en diciembre de 2010, cuando fue fotografiado en Manhattan junto al estadounidense recién salido de prisión tras cumplir una condena por delitos sexuales. Las imágenes provocaron una fuerte controversia en el Reino Unido y cuestionaron su papel institucional.
El 21 de julio de 2011, en plena presión mediática y política, Andrés renunció a su cargo de enviado especial del Reino Unido para el Comercio y la Inversión, puesto que había despeñado desde 2001.
Años después, nuevas relaciones documentales han vuelto a situar a revisión esta etapa. Según informó la BBC, en noviembre de 2010, tras regresar de un viaje oficial a Asia financiado por el Gobierno británico, Andrés habría reenviado a Epstein informes oficiales relacionados con este desplazamiento pocos minutos después de recibirlos. Los archivos también apuntan a que, en Nochebuena de 2010, habría remitido al financiero un documento confidencial sobre oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia afgana de Helmand, entonces bajo supervisión de las fuerzas armadas británicas y financiada con fondos públicos.
En otro correo electrónico, fechado el 9 de febrero de 2011, Andrés habría sugerido a Epstein la posibilidad de invertir en una firma de capital privado que había visitado días antes. Tras la publicación de numerosas páginas más de documentación sobre el caso Epstein, durante viajes oficiales del expríncipe a Vietnam, Singapur y otros países, podría haber enviado información a Epstein, incluyendo informes oficiales sobre esos destinos y desplazamientos.
2019: la muerte de Epstein reaviva la polémica
El caso volvió a cobrar relevancia en agosto de 2019, tras la muerte de Epstein en prisión y la publicación de nuevos informes relacionados con el caso. Entonces, el Palacio de Buckingham señaló que Andrés estaba "consternado" por las a acusaciones y reiteró que negaba haber cometido conducta indebida alguna.
El escándalo se intensificó de nuevo en noviembre de ese mismo año, cuando el príncipe concedió una entrevista televisiva en la BBC dónde intentó justificar su relación con Epstein y negó haber conocido a Giuffre. Poco después, anuncio su retirada de la vida pública, una decisión adoptada con el "permiso" de la entonces reina, Isabel II.
La demanda en EE. UU. y el acuerdo extrajudicial
El 9 de agosto de 2021 Giuffre presentó una demanda civil ante el tribunal federal de Nueva York en la que acusaba a Andrés de abuso sexual cuando ella tenia 17 años. En enero de 2022, el Palacio de Buckingham anunció que Andrés perdía todos sus títulos militares y patronazgos reales y que afrontaría el proceso judicial como "ciudadano privado". Esta decisión evidenció el impacto institucional del caso.
Un mes después, el 15 de febrero, ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial confidencial con el que así se evitaría un juicio. Aunque no se hicieron públicos los términos económicos, diversos medios británicos situaron la cifra entre 10 y 12 millones de libras (11,5 y 13,8 millones de euros).
Según informaciones publicadas entonces por medios como 'The Telegraph', 'Daily Mail' o 'The Sun', una parte sustancial del importe habría contado con apoyo financiero familiar. La mayor contribución, estimada en torno a 7 millones de libras, habría procedido del Ducado de Lancaster, patrimonio privado de Isabel II. Otra parte, en torno a 3 millones, se habría cubierto con fondos vinculados a la herencia del príncipe Felipe. Asimismo, distintas publicaciones señalaron que el entonces príncipe Carlos III habría facilitado un préstamo cercano a 1,5 millones de libras, que Andrés preveía devolver con la venta de una propiedad en Verbier (Suiza), operación que arrastraba deudas pendientes.
El acuerdo no incluyó una admisión de culpabilidad por parte de Andrés. Giuffre se quitó la vida en 2025, antes de la publicación de sus memorias. Tras conocerse la detención, la familia de la mujer difundió un comunicado en el que afirmó que “nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”, y sostuvo que el expríncipe “nunca fue un príncipe”.
La desvinculación de la Casa Real
El proceso de desvinculación culminó en el otoño de 2025. El 17 de octubre, Andrés renunció a sus títulos reales, incluido el de duque de York, en un nuevo paso en su retirada de la vida institucional.
Pocas semanas después, el 6 de noviembre el Palacio de Buckingham anunció que Carlos III había formalizado el procedimiento para despojarle de todos los títulos nobiliarios, incluido el de príncipe. Desde entonces, pasó a utilizar su nombre civil, "Andrés Mountbatten-Windsor", y abandonó el Royal Lodge de Windsor, residencia en la que había vivido durante años.
El 3 de febrero de este mismo año se trasladó a una vivienda en Sandringham con carácter temporal, a la espera de completar las reformas en su residencia definitiva. Fue en esa propiedad donde este jueves fue detenido por la policía en el marco de la investigación en curso.
La investigación actual
Inglaterra amanece con las portadas llenas de la foto del expríncipe Andrés tras salir de la comisaría de policía. La Policía de Thames Valley confirmó la detención en Norfolk a las 08:00h (hora local) de un hombre de unos 60 años, sin identificarlo por su nombre, como es habitual en virtud de la legislación británica. Asimismo, informó de que se estaban llevando a cabo registros en propiedades situadas en Berkshire y Norfolk. Según la BBC, los agentes accedieron a una de las viviendas para iniciar inspecciones que, dada la magnitud del inmueble —de más de 30 habitaciones—, podrían prolongarse durante varias horas.
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) señaló que colabora con la policía en la revisión de los documentos vinculados a la causa. Fuentes próximas al proceso apuntan a que la investigación se centra en examinar mensajes e intercambios de información institucional correspondientes al periodo en que Andrés desempeñó funciones oficiales.
Tras casi doce horas bajo custodia, se vio a Andrés abandonar la comisaría de Aylsham en un vehículo. Poco después, la Policía de Thames Valley informó de que el detenido había sido puesto en libertad bajo investigación, una fórmula que no implica la presentación inmediata de cargos y que permite a las autoridades continuar con las diligencias. Diversos medios británicos señalaron que, durante su estancia en dependencias policiales, fue sometido a los procedimientos habituales en este tipo de casos, incluida la toma de huellas y muestras biológicas.
El rey Carlos III afirmó en un comunicado que “la ley debe seguir su curso” y subrayó que el asunto será investigado “de manera completa y adecuada por las autoridades competentes”. Desde el entorno del Gobierno británico se insistió en que se trata de un procedimiento judicial abierto y que serán la policía y los tribunales quienes determinen eventuales responsabilidades, evitando pronunciarse sobre la figura del expríncipe en una jornada especialmente delicada para la institución monárquica.
