n total de 732 ciudadanos han otorgado una nota media de notable a la gestión de la pandemia del Ayuntamiento de Irun, a través de una encuesta telefónica llevada a cabo por el área municipal de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana. La delegada del área, Mónica Martínez, y su director técnico, Javier Arranz, dieron ayer cuenta de los resultados de la encuesta, que se llevó a cabo entre el 15 de febrero y el 3 de marzo.

El objetivo del estudio, según Martínez, era tener "una valoración ciudadana de la gestión que los servicios municipales están realizando ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el coronavirus". Entre los temas que se incluyeron en el cuestionario, estaban la adaptación de los servicios municipales a la nueva situación, las iniciativas de carácter extraordinario para combatir la pandemia y también la preocupación por la crisis sanitaria.

En el primer bloque de la encuesta, destaca el dato de que casi tres cuartas partes de los participantes, el 72,2%, declaró no haber visto afectada su salud ni la de sus familiares cercanos durante la pandemia, mientras que un 12,2% sí ha vivido el covid de cerca (en primera persona o con alguna persona conviviente) y otro 15,6% lo ha hecho por medio de familiares cercanos con los que no convive. La preocupación por la situación es alta para el 77,7%.

En cuanto a la gestión del Consistorio, la valoración ciudadana tanto de los aspectos relativos a la adaptación de los servicios a la pandemia como de los referidos a iniciativas extraordinarias, como las ayudas a pymes y autónomos o los bonos de comercio, oscila en torno al 4 sobre 5 en la mayoría de las preguntas realizadas. En la valoración global, el 60% de los encuestados cree que la gestión ha sido muy o bastante positiva, un 25% la considera neutral y un 6% bastante o muy negativa; el casi 10% restante prefiere no contestar o no sabía cómo hacerlo. Cuestionados también por la gestión de otras administraciones, los ciudadanos valoraron como mejor institución al Ayuntamiento, luego al Gobierno Vasco, a Diputación y, en último lugar, al Gobierno estatal.