Donostia - La retirada de una decena de máquinas de preservativos ubicadas cerca de otras tantas farmacias de Donostia, a consecuencia de la amenaza de sanción remitida por el Ayuntamiento, ha levantado las críticas de todas las formaciones de la oposición, que presentarán interpelaciones al Gobierno municipal para conocer los motivos de la de actuación municipal. Además de EH Bildu, que anunció anteayer su intención de llevar a cabo una iniciativa sobre el asunto, los demás grupos de la oposición -el PP e Irabazi- también plantearán iniciativas similares para conocer los motivos por los que se han borrado de las fachadas estos aparatos dispensadores de condones, tras años en funcionamiento.

El concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, justificó la orden de retirada de estas máquinas en que “sobresalen de las fachadas e incumplen la ley de accesibilidad”. En una discusión mantenida en la red social twitter con el concejal de EH Bildu Ricardo Burutaran, anterior responsable de Urbanismo, Ramos defendió que “la ley de accesibilidad se debe cumplir en cualquier caso” y añadió que “si fueran máquinas de chicle sería lo mismo”. Sus argumentos, sin embargo, fueron cuestionados por Burutaran, quien calificó el acto municipal de “absurdo” y lo enmarcó en “política regresiva de un Gobierno retrógrado”. Antes las críticas recibidas por parte de Burutaran y otras personas, el concejal socialista manifestó que “hay denuncias” e insistió en que el Consistorio estaría obligado a aplicar la normativa.

Al parecer, el coscorrón sufrido el pasado año por un niño de seis años con la máquina de preservativos situada en la fachada de una farmacia está en el origen de la denuncia, según fuentes municipales. Tras ello, el Consistorio remitió a la farmacia la orden de retirada del dispensador y aseguró que se estaba produciendo una “infracción urbanística” en base al artículo 225.3 de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco. El artículo dice: “Son infracciones leves las operaciones y actividades urbanísticas realizadas en disconformidad o sin contar con el preceptivo proyecto de urbanización, licencia, autorización o informe urbanístico (...), y, en todo caso, cuantas infracciones tipificadas en esta ley no tengan la consideración de graves o muy graves”. La multa, en estos casos, oscila entre 500 y 5.000 euros.

Tras la amenaza de sanción por infracción urbanística, el Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa abordó el asunto con el Consistorio y, finalmente, las farmacias que poseían estas máquinas en sus fachadas las retiraron. La farmacia que resultó amenazada de multa alegó en contra de la sanción y sostuvo que estas máquinas fueron colocadas en el marco de campañas para la prevención del virus del sida.