El TSJPV desestima el recurso contra el convenio para construir pisos en Kortazar

ZARAUTZ. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado el recurso contra el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Zarautz y Gobierno Vasco para construir 150 viviendas sociales de alquiler en la parcela de Kortazar (barrio de San Pelayo). Según este acuerdo, el Consistorio cedía el terreno municipal para construir los pisos. Pero los propietarios de Elizelai y Laurgain (colindantes a Kortazar) pidieron la paralización de la licencia de obra y la anulación del convenio entre las instituciones, algo que ha echado atrás el TSJPV.

Los vecinos presentaron la impugnación contra las obras porque hace más de diez años cedieron dicho terreno al Consistorio para destinarlo a equipamiento público y sin embargo, se pretende edificar viviendas. También indicaron que tratan de evitar que más adelante, tras levantar los pisos, haya que derribarlos "por ser ilegal su construcción". Por aquel entonces, el anterior edil de Urbanismo, Ubaldo Ortiz (EB) respondió que "es perfectamente legal cambiar la calificación urbanística de un terreno destinado a dotación pública, siempre que se ajuste a la legislación".

Ahora, según hizo saber ayer, a través de una nota de prensa, la concejala de Ezker Anitza, Mariana Aranburu, las dos sentencias que conocieron la semana pasada, dan la razón al Ayuntamiento, algo por lo que sintió "satisfacción". Así, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Donostia desestima íntegramente el recurso presentado contra la licencia de construcción de las 150 viviendas y el TSJPV ha hecho lo propio con el recurso contra el convenio del Consistorio y el ejecutivo vasco.

Según informó Aranburu, queda pendiente la sentencia contra un recurso idéntico y dado que será dictada por el mismo Tribunal, espera tener el mismo resultado. La edil de Ezker Anitza lamentó que "desgraciadamente todos estos recursos han tenido las obras paralizadas desde el año 2009". "De no haber sido así a estas alturas Zarautz y las personas que necesitan una vivienda de alquiler, tendrían ya una oportunidad para poder acceder a un piso a precios asequibles", indicó. La edil espera así que "no sea demasiado tarde para reparar el daño causado" y retomar el convenio con el Gobierno Vasco, "aún vigente": "Lakua debería cumplir los compromisos y reanudar la tramitación para la ejecución de las obras", recordó.

Aunque Aranburu es consciente de los "muchos riesgos". "Por un lado queda abierta la posibilidad de recurrir, lo que alargaría el contencioso, y se volvería a dar la paradoja de que aún cumpliendo escrupulosamente la legalidad, la simple interposición de recursos impide la continuación de la obra", subrayó. "Por otro lado, en esta época de recortes brutales de las políticas sociales, la posibilidad de que el ejecutivo vasco anule una inversión como esta, de más de diez millones de euros en alquiler social, es una amenaza cierta", añadió.

La edil se mostró convencida de que Kortazar es "la operación más viable, inmediata e importante".