DONOSTIA. El pasado lunes el juzgado emitió una providencia en la que rechazaba la ampliación de plazos que le había solicitado el pasado día 24 el alcalde, Juan Karlos Izagirre (Bildu), para hacerle llegar esta información y le instaba a que se la remitiera "de forma inmediata".
En concreto, el juzgado había pedido que se le aportara los informes policiales, las grabaciones de lo sucedido, la identificación de los "agentes que pudieron intervenir" y las "diligencias policiales llevadas a cabo" que "permitan esclarecer los hechos ocurridos", así como los nombres de sus posibles autores, documentación que, según han confirmado fuentes municipales, fue enviada ayer al juzgado.
La ocupación del inmueble, situado en la Parte Vieja de Donostia y propiedad de una anciana residente en Madrid, tuvo lugar el pasado 24 de septiembre.
Hasta el momento, han declarado en el juzgado por este asunto dos de los presuntos okupas y el secretario del alcalde, Josetxo Ibazeta, así como la hija de éste, quien deberá volver a comparecer ante la autoridad judicial competente en materia de menores.
Ibazeta prestó declaración después de que su nombre apareciera citado en un informe de la Guardia Municipal como la persona que "estuvo el día 24 al frente de esta ocupación" y que, cuando los agentes iban a actuar "se identificó con una tarjeta de visita en la que figura su cargo en el Ayuntamiento".
Por el contrario, el Gobierno Municipal mantiene que Ibazeta intervino como "interlocutor" entre policías y okupas.
De forma paralela a estas pesquisas judiciales, el pleno del Ayuntamiento de Donostia decidió ayer crear una comisión de investigación con los votos de PP, PNV y PSE/EE y la abstención de Bildu para determinar las posibles responsabilidades políticas de este caso.
