el acuerdo entre PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos en torno a la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vigente en Euskadi vuelve a desatar presunciones y también discursos interesados al respecto. En primer lugar, es preciso recordar que la RGI no es un mecanismo de subsidio como derecho inalienable. La prestación es un complemento de garantía de suficiencia, como su nombre indica. Una renta universal es un debate diferente, sin procedimiento vigente ni visos de sostenibilidad en tanto se obvien los requisitos de acceso. Como mecanismos de solidaridad social, las ayudas públicas en cualquiera de sus formas, son un ejercicio de cohesión, de amparo del conjunto hacia los más débiles. Esto genera dos responsabilidades: la de equilibrar unas mínimas condiciones de vida sostenible y la de asumir un papel de corresponsabilidad hacia la sociedad que ampara al perceptor. En este sentido, el vínculo de la prestación con la búsqueda activa de empleo es, allí donde no se cruzan otras circunstancias de vulnerabilidad, condición inexcusable del pacto social que supone la RGI y debería desterrar el discurso de la sospecha sobre la voluntad de mejora vital de los asistidos. Pero existen abusos de la ayuda. Negarlo sería cerrar los ojos. Sobredimensionarlo es, sencillamente, falsear la verdad. La dimensión del fraude constatado en la RGI supone decimales –menos de un 1%– en el volumen de la prestación, que beneficia en Euskadi a unas 50.000 personas, equivalentes al 2,3% de la población de la Comunidad. Como referencia comparativa, en el Estado el Ingreso Mínimo Vital alcanza a 1,4 millones de personas, en torno al 3% de la población. No obstante, cierto discurso político –que vuelve a enarbolar el PP– alimenta una percepción social que eleva a categoría los casos puntuales de picaresca y magnifica el efecto real del esfuerzo económico colectivo. Es preciso recordar que nada es aleatorio: la cuantía mínima de la RGI se situará en 2023 en 8.636 euros anuales a un perceptor individual –el 60% de la renta mediana individual en el Estado, tal y como recomienda la Comisión Europea– y la máxima, de 18.552 a una pareja con tres hijos. El equilibrio entre evitar el desamparo y promover la corresponsabilidad de todas las personas no es sencillo pero en él nos va la tan necesaria estabilidad.
