Los movimientos registrados en las últimas horas en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no permiten atisbar bases suficientes para una negociación que pueda alumbrar un mínimo acuerdo. No ha habido, en este sentido, sorpresas en la reunión plenaria del Consejo del pasado jueves ni en los mensajes cruzados que han mantenido el PSOE y el PP respecto a cómo poner fin a un bloqueo que es ya insostenible. La reunión del CGPJ se limitó a reproducir el desencuentro de bloques en el que las decisiones priman en función de la voluntad de la mayoría de vocales elegidos a propuesta del Partido Popular, aunque esa mayoría se sostenga de manera forzada y en funciones desde hace ya demasiado tiempo. El Consejo está llamado a velar por la integridad de los procedimientos y la independencia del proceder de la Magistratura, pero la cualificación para esas funciones puede ser puesta en contradicción si sus miembros se retratan sistemáticamente en actitudes y criterios politizados. Se da la peligrosa circunstancia de que, más allá de la oportunidad o inoportunidad de las iniciativas legislativas del Gobierno Sánchez para tratar de desbloquear y forzar por ley la renovación del Tribunal Constitucional o del propio CGPJ, la mayoría conservadora del Consejo lleva camino de aplicar una velada insumisión a una norma que está en vigor y no ha sido derogada ni anulada por instancia judicial competente. En ese sentido, la negativa a cumplir las fechas límite implantadas por ley para la renovación de los órganos judiciales sería una sustracción consciente de la normativa en vigor, más grave si quienes la ejercen son precisamente los encargados de velar por el estricto cumplimiento de las normas que dan sentido a su labor. Por otra parte, la falta de acuerdo entre PSOE y PP impide de facto que los vocales se abran al desbloqueo al que les está abocando la estrategia popular. La carta enviada ayer por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en la que le traslada la “voluntad” de su formación de renovar a los miembros de este órgano, así como la misiva del vicesecretario de Institucional del PP al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que le emplaza a sentarse a negociar pero imponiendo severas condiciones, parecen más bien juegos de artificio y justificaciones de cara a la galería respecto a una posición cada vez más incomprensible para la opinión pública. l