La tantas veces anticipada subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) se ha materializado con un alza del precio del dinero del 0,5%. El ”dinero gratis”, con tasas de interés incluso negativas, fue un mecanismo de reactivación de la inversión y la actividad para salir de las crisis financieras y de deuda a partir de 2008. La intervención decidida del BCE –curiosamente de la mano del primer ministro italiano saliente Mario Draghi– permitió en el pasado a la economía europea salir de un bache profundo de recesión y paro por todos conocido. Hoy, el riesgo de recesión es una amenaza a medio plazo pero es mucho más inmediato el impacto que la inflación está causando en las economías europeas. Europa pierde competitividad con unos precios elevados y la pinza de su dependencia energética conlleva el riesgo de que, en escenarios de incertidumbre como los actuales, tome forma el fantasma de la estanflación. Precios al alza y crecimiento a la baja es un escenario vigente. Resisten economías como la vasca, con una tracción industrial que conserva la capacidad de crear e inducir empleo mientras crece por encima del 3%, pero no es menos cierto que el contexto general no permitirá a Euskadi ser una isla. Una economía lastrada por una inflación del 7, 8 y hasta el 10%, como estamos viendo, no es sostenible. La coyuntura inmediata centra el debate sobre los salarios pero, a medio plazo, la destrucción de tejido productivo se aceleraría por ese camino sin otras medidas. Medidas que transformen el escenario estructural cuyos factores más importantes siguen siendo la energía y la tecnología. Dos ámbitos que están descritos y señalados como ejes centrales del esfuerzo europeo a través de los fondos Next Generation. Acelerar su aplicación no va a contener los precios pero es la fórmula más fiable de que la transformación económica, la potenciación de sectores que puedan reducir la dependencia exterior, permita mantener la competitividad y, con ella, la calidad del empleo y el valor añadido de la actividad. No es menor el valor que, en lo inmediato, tendría un pacto de rentas entre agentes sociales del sector privado y el público. La mera transposición salarial o el mero blindaje del beneficio frente a la inflación solo provocarán la consolidación de esta en niveles insostenibles para el tejido empresarial y el poder adquisitivo de los trabajadores. El reto es estructural y demanda arrimar todos los hombros.