La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la que ordena la protección de los cuarteles de Loiola por su valor arquitectónico y patrimonial, incoporándolo al Plan Especial de Protección del Patrimonio Construido (PEPPUC), ha supuesto un jarro de agua helada a los planes urbanísticos del Ayuntamiento de Donostia. El Consistorio, independientemente del color político, lleva años tratando de hacerse con este solar para construir un nuevo barrio que dé continuidad a su trama urbana por la vega del Urumea. La amplia parcela que ocupa el acuartelamiento es el único solar de esa extensión con posibilidades edificatorias que queda disponible en la parte llana de la ciudad. Está previsto construir en él una nueva zona residencial de entre 1.500 y 2.000 viviendas, casi la mitad de protección oficial. En este sentido, es un proyecto estratégico en una materia tan sensible como la de la vivienda, problema crónico de Donostia. Por fin, tras años de gestiones infructuosas y gracias a la labor de los diputados del PNV en Madrid, como siempre aprovechando el estado de necesidad del gobierno de turno, se consiguió que el Ejecutivo español se aviniera a negociar su venta al Ayuntamiento, con el compromiso de encontrar un emplazamiento para un nuevo cuartel atendiendo a las actuales necesidades de Defensa. Recientemente, el propio alcalde, Eneko Goia, reconoció que las negociaciones con el Ministerio estaban avanzadas, dando a entender la inminencia del acuerdo. Pero es justo en este contexto cuando el TSJPV dicta sentencia y desbarata la operación dando la razón al recurso de un partido sin representación en el Ayuntamiento, cuyo objetivo explícito es frenar que “se debilite la presencia del Estado y de sus símbolos” y no hacer “cesiones al nacionalismo”. En resumen, que pese a que cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos municipales y con la voluntad de las dos partes concernidas para hacer posible la compraventa, la operación queda herida de muerte por incompatibilidad con la conservación de unas instalaciones infrautilizadas desde hace años. El Ayuntamiento, despojado de sus facultades para ordenar urbanísticamente su territorio, anuncia que recurrirá al Supremo, pero no hay que perder de vista que si su resolución no llega antes de las próximas generales, un posible relevo en Moncloa dejará el Gobierno en manos de los que anteponen el valor de la simbología nacionalista española del cuartel a las verdaderas necesidades de los donostiarras.