- Apenas un día después de que la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, anunciase un “acuerdo político” con la Comisión Europea para, de forma conjunta con Portugal, limitar el impacto del precio del gas en el mercado mayorista de electricidad, las compañías afectadas deslizaron sus primeros mensajes contra la aplicación del mismo. La medida, que se prevé sea aprobada la semana que viene en Consejo de Ministros, establecerá un tope en el precio del gas de 50 euros el megavatio y beneficiará al 40% del total de consumidores domésticos, según los cálculos del Gobierno.
Este “reaseguro”, como lo definió ayer la propia ministra Ribera en el Congreso, se financiará mediante una “reducción muy importante” de los beneficios extraordinarios de las eléctricas “que emplean otras tecnologías de generación que no se han visto afectadas en sus costes y que, sin embargo, son retribuidas al máximo precio del sistema”. Este sistema se complementará con el ajuste entre el tope fijado y el precio real de esta materia prima en el mercado, el cual “habrá que distribuir entre los consumidores de energía”. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, fue ayer el primero en transmitir su desacuerdo. En una conferencia con analistas con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre, Galán criticó la decisión del Gobierno de “crear regímenes especiales o excepcionales”, como el propuesto para el mercado ibérico, en lugar de “buscar soluciones comunes”.
En este sentido, y sobre que España y Portugal conforman “una isla energética”, tal y como dijo Ribera, Galán defendió que la situación en el Estado “no es diferente” a la del resto de Europa. El máximo dirigente de Iberdrola negó, asimismo, la existencia de los denominados beneficios caídos del cielo, y señaló que la medida no tendrá “ningún tipo de impacto” para Iberdrola.
“Iberdrola es una gran compañía que debe estar a la altura de las circunstancias. Nadie pide a nadie que venda a pérdidas, pero sí reducir los beneficios extraordinarios para responder arrimando el hombro ante la dificultad”, respondió Ribera a Galán en La Sexta.
De momento, es la única compañía que ha hecho visible su desacuerdo, mientras el resto está optando por no manifestarse. No obstante, las patronales de las grandes compañías eléctricas españolas (Aelec) y portuguesas (Elecpor) ya han enviado una carta a Bruselas en la que critican la llamada excepción ibérica.
Por otra parte, ante la perspectiva sugerida por distintos expertos de próximos encarecimientos en las facturas de los clientes vinculados a la tarifa libre, Ribera quiso echar por tierra esta hipótesis, puesto que, “en principio”, con la reforma, “todos ganamos”. “Aquellos con tarifas indexadas al mercado mayorista o que, como los industriales, van a este mercado a comprar, ven reducido el precio de la electricidad. Y el resto verá que, cuando actualicen sus tarifas, hay un incentivo muy grande a que no se incremente el coste de la energía”, subrayó la ministra.
Ante las críticas de la oposición, que reclamó en la Cámara una bajada de los impuestos, la ministra defendió que “no basta con sustituir el pago de los consumidores por el pago de los contribuyentes, dejando unas arcas públicas lastradas”. A su juicio, lo importante “es definir de modo distinto el precio de referencia que marca la electricidad en el mercado mayorista”.
