as cajas de resistencia han sido desde siempre parte de las luchas de los trabajadores por mejorar sus condiciones. Una forma de solidaridad para asegurar unos ingresos mínimos a los huelguistas y, así, reforzar la capacidad para presionar al empresario. Hoy en día es un instrumento que en ocasiones brota de forma espontánea en algunos conflictos, aunque también hay sindicatos que cuentan con un fondo económico permanente, caso de ELA y LAB en Euskadi. Sobre estos pagos que reciben los huelguistas ha brotado en los últimos años una duda: ¿Se consideran un salario y, por tanto, deben tributar a Hacienda como el resto de nóminas?
La cuestión se acaba de despejar completamente al aceptar el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) un recurso de LAB ante el requerimiento en 2018 por parte de la Hacienda de Gipuzkoa para conocer los contribuyentes que habían participado en huelgas en los años anteriores. La justicia determina así que la relación que se establece en los pagos de las cajas de resistencia no tiene carácter laboral, es decir, no puede equipararse a la nómina que paga una empresa a sus trabajadores y por tanto estas cantidades no deben estar sujetas a retenciones.
El sindicato de la izquierda abertzale ha dado a conocer esta semana la resolución de un asunto que, en su momento, levantó un gran revuelo en el mundo sindical vasco. Y lo hizo porque la caja de resistencia es un arma esencial en los conflictos laborales que dirige ELA, y en ese momento (febrero de 2018) estaba aun reciente la larga huelga en las residencias vizcainas, 370 días. Fue un conflicto de gran alcance social y que contribuyó a dinamitar las relaciones entre el sindicato mayoritario y el PNV, responsable de la gestión de las residencias a través de la Diputación de Bizkaia.
Los cruces de declaraciones entre ELA y los mandatarios del ente foral a cuenta de las condiciones laborales en las residencias fueron constantes mientras duró el conflicto y, una vez sofocado en los círculos sindicales, se hizo sitio la lectura de que el PNV recurría a la Hacienda vizcaina para meter en cintura a las centrales, en especial a ELA.
Mucho ha llovido desde entonces y, aunque las relaciones ELA-PNV no han mejorado, el asunto se ha resuelto de forma más o menos discreta, sin apenas ruido. A ello contribuye que el propio sindicato mayoritario, que en 2018 aún dirigía Adolfo Txiki Muñoz, optó por dar al tema un perfil bajo y aclaró desde el primer momento que cumpliría con los requerimientos de las haciendas. “ELA no ha defraudado”, insistía Muñoz, incidiendo en que habían sido las diputaciones las que habían cambiado el criterio al decidir fiscalizar los pagos a huelguistas.
En concreto, se pedía a los sindicatos (al principio las tres haciendas de la CAV fueron de la mano, aunque luego han ido haciendo recorridos dispares) información sobre los trabajadores, afiliados o no, que habían participado en huelgas y habían cobrado dinero de la caja de resistencia en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 y si se había practicado la correspondiente retención del 2%. Aunque la carta se envió a todos los grandes sindicatos en ese momento solo ELA, y LAB de forma más limitada, usaban caja de resistencia (también USO cuenta con un mecanismo similar).
Cuatro años después, según ha aclarado LAB, solo quedaba en pie la solicitud de la Hacienda de Gipuzkoa. Araba decidió finalmente no abrir expediente mientras que Bizkaia suspendió el procedimiento ante las alegaciones de LAB, explicó la propia central. En el caso de Gipuzkoa, en cambio, el asunto ha acabado llegando al TSJPV, que ha dado la razón a LAB y ha resuelto que no hay relación laboral al uso, y por tanto, no procede practicar retenciones.
La argumentación del sindicato pivotaría sobre el hecho de que lo que perciben los huelguistas del sindicato, al igual que ocurriría en conflictos en los que se crea una caja colectiva de forma puntual, se basa en un principio de solidaridad y en ningún caso es una remuneración que tenga un origen empresarial. De hecho, el empresario es el menos interesado en que se realicen esos pagos, cuyo objeto es precisamente poder alargar la huelga.
Se cierra así un episodio llamativo por no haber en el entorno controversias similares pero que tiene trascendencia dado el peso laboral y social de ELA y LAB en Euskadi. LAB ha dado de hecho un impulso a su caja de lucha, creada hace diez años y que venía utilizando de forma puntual, para ampliar su alcance a más sectores y mejorar su nivel de cobertura económica.
El TSJPV da la razón a LAB al considerar que los pagos a huelguistas no se basan en una relación laboral de empresario y trabajador
La decisión de las haciendas fue polémica al producirse poco después de la larga huelga de residencias de Bizkaia sostenida por ELA
