l rifirrafe al que hemos asistido entre ELA y LAB a raíz de las distintas estrategias que han mantenido los dos sindicatos y que ha frustrado la posibilidad de convocar una huelga general en Euskadi para antes de fin de año, pone en evidencia la cada vez más distancia que existe entre las dos centrales abertzales y confirma, una vez más, el fracaso de la pretendida mayoría sindical vasca, que, por diversas cuestiones estratégicas particulares, nunca ha hecho visible la gran potencialidad que pudiera haber tenido.

La propia ELA se ha encargado de dinamitar esta mayoría sindical cuando en la ponencia aprobada en el Congreso que acaba de celebrar hace unas semanas, se erige en el único depositario por la posición de LAB de no hacer una "seria crítica" a la actuación institucional de EH Bildu en Madrid, Gasteiz y Navarra, "que da prioridad a otras cuestiones sobre los elementos sociales". Y todo ello, sin perdonarle las coincidencias estrategias puntuales que LAB haya podido tener con CCOO y UGT, y que tuvieron como consecuencia que ELA vetara la presencia del sindicato dirigido por Garbiñe Aranburu en la alianza intersindical con la gallega CIG y la catalana CSC.

Con este panorama previo, era evidente que la convergencia de los dos sindicatos a la hora de realizar una convocatoria conjunta de huelga general iba a tener una difícil materialización porque las estrategias y los objetivos de las dos centrales difieren de manera sustancial, a pesar de que la causa pudiera ser coincidente, como es caso de la reforma de las pensiones y modificación de la reforma laboral.

Mientras LAB, que lanzó la propuesta el pasado 1 de Mayo, circunscribía la huelga como un medio para influir desde Euskadi en las decisiones que en Madrid se están tomando sobre estas importantes cuestiones, al tiempo que servía para denunciar la situación de precariedad y temporalidad de los trabajadores que se registran en algunos sectores, sobre todo como consecuencia de la pandemia; para ELA la convocatoria era una buena excusa para interpelar y condicionar a los partidos vascos en el Congreso de Madrid, como son el PNV y EH Bildu, poniendo en evidencia, una vez más, su actuación política. En este contexto, ha estado esperando a que se produjera un "detonante" para lanzar la huelga en un plano eminentemente político que, parece, no ha llegado a producirse, a juzgar por los resultados.

También hay que tener en cuenta que en el actual contexto social y económico que vive Euskadi no parece pertinente montar huelgas generales, cuya respuesta no está del todo clara y garantizada, cuando todavía estamos sometidos a la presión diaria de los contagios del covid-19 y la situación económica presenta grandes incertidumbres provocadas por la falta de suministros, el aumento importante de los costes y una inflación que se halla en parámetros que, de mantenerse en los próximos meses, puede ser preocupante.

Ese "detonante" que tanto buscaba ELA como sindicato de contrapoder que se define, parece que no ha terminado de aflorar, a pesar de que tanto el PNV como EH Bildu han apoyado en el Congreso la reforma de las pensiones, -que debe contar con el refrendo del Senado antes del 1 de enero, por exigencia de la Unión Europea (UE)-, con lo que la ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones será una realidad a principios del año 2022.

Por lo que se refiere a la situación de la actualización de la reforma laboral, que está negociando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está claro que las posiciones de las dos formaciones vascas, con representación en el Congreso de Madrid, van a estar centradas en la negociación colectiva, en lo que significa la prevalencia de los convenios sectoriales territoriales frente a los estatales, que contemplaba hasta ahora, la ley de Rajoy, y la ultraactividad de los convenios. Dos cuestiones que constituyen unas de las principales demandas de los sindicatos vascos. Una especie de línea roja infranqueable

A día de hoy, no se conoce mucho de las negociaciones que está manteniendo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la patronal y sindicatos sobre la reforma laboral, que debe estar lista para el 31 de diciembre, atendiendo a las condiciones establecidas en el Pacto de Recuperación y Resiliencia de la UE, que es el instrumento por donde van a llegar los flujos financieros de Bruselas para paliar los efectos negativos de la crisis económica producida por el covid-19.

De momento, parece que la negociación con los agentes sociales está centrada en definir un modelo de contrato ordinario que sea indefinido y favorecer la estabilidad en el empleo. El contrato temporal estará justificado por motivos productivos y ocasionales y, si hay una extralimitación en su uso, las empresas que actúen de este modo serán sancionadas.

En lo que respecta a la reforma de las pensiones, apoyada por el PNV y EH Bildu, hay que destacar que su filosofía no parte de reducir gastos, como en la época de Rajoy, sino de favorecer los ingresos y con ello garantizar la sostenibilidad del sistema público para las futuras generaciones. Todo un cambio de concepto.

Hay que destacar que, siguiendo la recomendaciones del Pacto de Toledo, se garantiza el poder adquisitivo de las pensiones -un dato importante, si tenemos en cuenta que el IPC a noviembre alcanza un incremento interanual del 5.6%-, que responde a una iniciativa del PNV aprobada en la propia comisión parlamentaria y que tuvo su primera proyección en los presupuestos pactados por esta formación con Rajoy en 2018 y prorrogados en 2019.

En segundo lugar, y un aspecto importante a tener en cuenta, es que se aproxima la edad de jubilación a la real, atendiendo a la esperanza de vida de las personas, con lo que se consigue evitar, a través de diferentes mecanismos, que las personas se jubilen antes de tiempo y, por otro lado, a través de diferentes medidas, favorecer la prolongación de la vida laboral más allá de la formal.

La nueva ley de pensiones deroga el Factor de Sostenibilidad puesto en marcha por el PP y establece el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que tiene por objeto, a través de un aumento de las cotizaciones de la Seguridad Social del 0,6%, (0,5% por parte de las empresas y 0,1% por los trabajadores), incrementar el Fondo de Reserva de las pensiones para en un plazo de diez años poder satisfacer las jubilaciones de la generación del baby boom y, con ello, preservar la sostenibilidad y la confianza del sistema público de pensiones. Se estima que la rentabilidad de ese Fondo de Reserva en un plazo de diez años puede llegar a los 60.000 millones de euros. Una masa de recursos financieros suficiente para garantizar la percepción de los que accedan por primera vez a las pensiones, así como de los futuros beneficiarios.

Una ley que va a contribuir a la sostenibilidad y al desarrollo del sistema público en beneficio de los futuros pensionistas, frente a las propuestas planteadas en el pasado que abocaban a un claro empobrecimiento de las pensiones. Conocido el contenido de la reforma de las pensiones, y a la espera de cómo va a quedar la modificación de la reforma laboral seguir manteniendo a día de hoy la posibilidad de convocar una huelga general en Euskadi no parece que sea la mejor de las iniciativas.

Conocido el contenido de la reforma de las pensiones, y a la espera de cómo queda la reforma laboral, mantener la convocatoria de paro general no parece lo mejor