l cantautor Joaquín Sabina hizo con esta canción un retrato sórdido de una ciudad hostil e inhóspita, que, con el tiempo, se ha ido edulcorando hasta el punto de que, gracias a un modelo de baja fiscalidad impulsado desde hace muchos años por el PP, ha alcanzado la categoría de paraíso fiscal dentro del Estado, con lo que se ha convertido en un fetiche en el que algunos se ven reflejados y quieren hacer un "corta y pega" de las medidas económicas de corte neoliberal que está aplicando, en este momento, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Después de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, se pronunciara en contra de las medidas fiscales aprobadas por la Comunidad de Madrid, -entre las que destaca la rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF y la supresión de todos los tributos propios, sin contar que el impuesto de Patrimonio está bonificado al 100% desde hace años, y que el de Sucesiones y Donaciones contempla también reducciones del 99%-, sorprende que el presidente de la patronal vasca Confebask, Eduardo Zubiaurre, se muestre a favor de aplicar la política fiscal de Díaz Ayuso para recuperar el atractivo y la competitividad que, en su opinión, ha perdido Euskadi en la economía estatal.
Pero el fondo de ese mensaje, con el que algunos podemos coincidir en parte, no está cimentado en la política fiscal que se desarrolla en Euskadi, sino en otros factores en los que todos y cada uno de los agentes políticos, institucionales, económicos y sociales tienen su cuota parte de responsabilidad. Algo habrá tenido que ver el alto nivel de autocomplacencia que desde hace años se ha instalado en la sociedad vasca y que puede conducirnos a una cierta parálisis; unos empresarios que parece que, después del sufrimiento estoico que demostraron contra ETA, han perdido energía y algunos se avienen a vender sus compañías al mejor postor y unos sindicatos que se basan su estrategia en la confrontación y el conflicto, junto con el alto absentismo que muestran los trabajadores al acudir a sus puestos de trabajo.
No se trata de echar la culpa a los demás, sino de asumir el grado de responsabilidad que tienen los responsables institucionales, los empresarios y los sindicatos y la sociedad vasca, en su conjunto, en la reducción del peso que tiene Euskadi en el PIB estatal por debajo del 6,24% con el que todavía se sigue pagando el Cupo al Estado español, a lo que hay que sumar la pérdida de referencialidad en el gasto en I+D, donde otras comunidades como Madrid, Catalunya y Castilla y León se van acercando, a pesar de mantener el liderazgo. De la misma forma, habrá que preguntarse de manera colectiva por qué están emergiendo otras zonas de concentración de empresas tecnológicas en ciudades que hasta ahora estaban enfocadas a la actividad turística de sol y playa como, por ejemplo, Málaga o Alicante.
Eliminar el Impuesto de Patrimonio, tal y como plantea Zubiaurre, no va a suponer cambiar el panorama que sugiere el presidente de la patronal vasca, porque es marginal y solo afecta al 1% de los contribuyentes vascos, a lo que hay que añadir por contraposición un Impuesto de Sociedades que está dirigido a impulsar la actividad empresarial y, con ello, el desarrollo de la economía. Es más, según un informe elaborado por las Cámaras de Comercio de España y el Colegio General de Economistas, la CAV era la tercera comunidad con menor presión fiscal en el Estado, por detrás de Canarias y Navarra, con un 9,20% en 2018, frente al 9,79% que registraba Madrid.
Cuando se quiere poner a Madrid como referencia para decir lo mal que estamos en Euskadi, habrá que recordar el efecto aspirador que tiene por su condición de ser capital del Estado que hace que lo que pierde por un lado, reduciendo impuestos, lo recoge por el otro, a través de los Presupuestos Generales del Estado, a los que contribuyen de una manera u otra todos los contribuyentes sean o no madrileños.
En este sentido, bueno será recordar un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), realizado hace un año, en el que se afirmaba que los 4.100 millones de euros que dejaba de ingresar Madrid por la rebaja fiscal los compensaba por el efecto de capitalidad. Una característica que le viene dada por ser núcleo de todas las comunicaciones terrestres, aéreas y ferroviarias del Estado, en virtud del diseño radial con el que se han ejecutado las infraestructuras, la concentración de instituciones públicas y grandes empresas, la atracción de talento y profesionales cualificados de otras autonomías y su fortaleza en la industria del conocimiento.
Por hacer una referencia al peso del sector público estatal en la economía de Madrid, habrá que tener en cuenta que el 40% de los empleados públicos pertenecen a instituciones centrales frente al 15% que existe en el resto de las comunidades autónomas, exceptuando la CAV, Navarra y Catalunya, que cuentan con un alto nivel competencial. Ello, sin contar los servicios centrales de todos los organismos públicos estatales que se ubican en la capital madrileña y no cuentan con delegaciones en otros territorios, a pesar de que por su naturaleza deberían de estar descentralizados como la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y, por razones más que obvias, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
La concentración de ministerios y organismos públicos estatales en un único lugar, como sucede con Madrid, genera un efecto de atracción en la instalación de nuevas empresas y el aumento de la demanda de bienes y servicios por parte de los trabajadores y sus familias. Según algunos estudios como Interaction of Public and Private Employment: Evidence From German Governement Move, realizado en 2018, se constataba que en Alemania por cada 100 empleados públicos concentrados en una zona, se producían otros 55 puestos de trabajo directos y 36 indirectos en el sector privado.
Según datos recogidos por el economista Pablo Allende, un total de 1.735 empresas grandes, entendiendo como tales las que tienen más de 200 empleados, tienen su sede en Madrid, lo que supone el 30% del total estatal. Profundizando en el dato, si lo extrapolamos a compañías por encima de los 5.000 trabajadores, el resultado es ya apabullante porque de las 168 existentes en el Estado, más de la mitad se ubican en la capital estatal. La comparativa con Alemania, que es el país más descentralizado de la UE con su modelo federal que, salvando las distancias, podría asemejarse al Estado de las Autonomías español, resulta también muy sorprendente que en su capital, Berlín, solo estén radicadas dos de las 50 primeras compañías de ese país, mientras que en Madrid se ubican 29, más de la mitad.
Cuando se pone Madrid como ejemplo de competitividad y de atracción inversora gracias a sus ventajas fiscales hay que hacer mención a que es la comunidad con un menor gasto social, como hemos podido comprobar en la pandemia con la delicada situación en la que se encontraban los hospitales y las residencias de ancianos. Mientras en la CAV, el gasto en sanidad per cápita es de 2.000 euros, en Madrid cae a 1.200.
Por eso no se entiende que, después de la trágica experiencia que en lo económico y social hemos vivido en el último año y medio como consecuencia de la pandemia, sabiendo que los recursos públicos han sido absolutamente necesarios para salvar no solo vidas humanas, sino también a las empresas, a través de ayudas directas, ERTE, y líneas de crédito ventajosas instrumentalizadas a través del ICO o Elkargi, algunos proclamen la reducción de impuestos como si nada hubiera pasado. Afortunadamente, Keynes ha vuelto y parece que por mucho tiempo.
Eliminar el impuesto de Patrimonio, tal y como plantea Zubiaurre, no va a suponer cambiar el panorama que sugiere el presidente de la patronal vasca, porque es marginal y solo afecta al 1% de los contribuyentes vascos
