El Gobierno Vasco ha autorizado este martes al Instituto Vasco de Finanzas la creación de una sociedad pública para gestionar el fondo Finkatuz, cuyo objetivo es la adquisición de participaciones financieras a largo plazo en grandes empresas para que mantengan el arraigo en Euskadi.La sociedad pública se denominará "Finkatze Kapitala Findatuz S.A" y su capital social será de 160 millones de euros.
La autorización la ha dado este martes el Consejo de Gobierno Vasco y, cuando se cree, el Instituto Vasco de Finanzas podrá poner a disposición de la nueva sociedad pública acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles, así como obligaciones y créditos, entre otras operaciones.
Según ha detallado el Ejecutivo vasco, las inversiones se circunscribirán a varios principios, entre ellos al tamaño de la empresa, que tendrá que tener un volumen de facturación superior a 100 millones de euros y cuyo nivel de empleo sea al menos de 50 empleados.
También las sociedades deberán tener el domicilio social en Euskadi y no se podrá participar en empresas que formen parte de un grupo de manera simultánea en el tiempo. Además las empresas en crisis estarán excluidas del objeto de la sociedad pública.
Los sectores estratégicos preferentes en los que se podrá invertir son los relacionados con la aeronáutica, la alimentación, la automoción, las biociencias, los contenidos digitales, la ecoindustria, la energía, la maquinaria, los productos e instalaciones siderúrgicas, las tecnologías electrónicas y de la información y los transportes, movilidad y logística.
La participación tendrá vocación de permanencia, por lo que no se establece un período de duración máximo ni mínimo de la inversión.
La nueva sociedad no contará inicialmente con ningún recurso humano ni material ya que las labores de gestión y administración las realizará el Instituto Vasco de Finanzas y se financiará con los ingresos provenientes de su propia actividad.
El Gobierno Vasco tiene la intención de ir aumentando el capital social de la nueva sociedad a lo largo de la legislatura hasta alcanzar los 300 millones de euros.
