- El sector vasco de la construcción alertó ayer de que se enfrenta en 2021 en Euskadi a una mayor “incertidumbre” por la reducción de los volúmenes de licitación pública y del número de viviendas iniciadas durante 2020. A medio plazo, sus perspectivas se verán condicionadas por la evolución de las carteras de obra contratada de las empresas vascas, por lo que creen “determinante” que las administraciones de la CAV mantengan “el esfuerzo inversor” en obra pública.
La Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia Ascobi hizo este llamamiento durante la presentación de su informe sobre la actividad del sector en 2020 en Euskadi. El informe anual, cuya presentación corrió a cargo su secretario general, Iñaki Urresti, incorpora un análisis del mercado de la vivienda, que refleja tanto las transacciones de compraventa como la evolución de los precios de la vivienda nueva y usada.
El mercado inmobiliario vasco redujo sus operaciones totales de compraventa de vivienda en 2020, debido fundamentalmente al descenso de ventas en vivienda usada. En Euskadi el descenso fue del 16% respecto a 2019, mientras que la producción de vivienda nueva cayó un 24%. Respecto a la cuantía de la obra pública licitada en 2020 en Euskadi, el sector vasco de la construcción advirtió de que su caída fue en 2020 del 24% respecto a 2019.
Una de las principales conclusiones del documento presentado pone de manifiesto que la construcción vasca, tras la incipiente recuperación de los últimos tres años, recibió el impacto de la crisis del covid-19, durante 2020, “con una reducción de la actividad y un mantenimiento del empleo”.
A este respecto, los datos que los constructores vizcaínos presentaron ayer en relación con la CAV apuntan a que durante el pasado ejercicio tan solo se perdieron 500 puestos de trabajo pese a la influencia de la pandemia del coronavirus, evolución que el secretario general de Ascobi subrayó.
En este contexto, Urresti apostó por tres medidas concretas como son la adecuación de los porcentajes de reserva de suelo a las necesidades actuales, la adecuación de los precios máximos de las viviendas de protección oficial a los costes de edificación actuales después de diez años de congelación, y la agilización de licencias y permisos.
Urresti también pidió a las administraciones “mantener el esfuerzo inversor en obra pública” porque su actuación, entre otros agentes, puede resultar “determinante para trasladar el efecto inductor de creación de empleo y riqueza de la actividad constructora al conjunto de la economía vasca”.
De forma paralela, Ascobi cree “conveniente” actuar en el sector para, a través de la formación y capacitación necesarias, atraer a más personas a fin de que puedan desarrollar su experiencia laboral en la construcción, dado que las empresas detectan una clara falta de personal cualificado y experimentado. La licitación pública ha sufrido una reducción de un 24% en los volúmenes de obra puesta en concurso en el conjunto del País Vasco, consecuencia, sin duda, de la paralización, en un primer momento, y posterior “reactivación ralentizada” de los procedimientos administrativos de licitación derivados de la pandemia.
Sin nuevos permisos, el sector ha ido tirando durante el año pasado de la obra y vivienda que ya estaba licitada pero, explicó Urresti, si este descenso se mantiene, “en un horizonte de dos meses habrá un claro descenso de la actividad constructora”. Por eso, pidió que se mantenga el esfuerzo inversor en obra pública y vivienda de las administraciones, para que se renueven las carteras de pedidos de las constructoras.
24%
fue el porcentaje en el que cayó la producción de vivienda nueva en Euskadi. Durante 2020 se inició la construcción de 4.793 viviendas nuevas en la Comunidad Autónoma Vasca.
3.573
euros alcanzó el metro cuadrado útil de media en vivienda nueva el pasado ejercicio, lo que representa un incremento de 1,2 puntos porcentuales respecto a 2019. El plazo medio de venta se situó en 470 días, inferior en dos meses al registrado un año antes.
