- Las empresas y autónomos de sectores especialmente afectados por la pandemia y que sufrieran en 2020 una pérdida de ingresos de al menos el 30% podrán optar a ayudas directas de hasta 200.000 euros para pagar deudas con proveedores, empleados o arrendadores o hacer frente a otro tipo de gastos fijos. En concreto, los autónomos que tributan en módulos recibirán hasta 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de autónomos y empresas, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.
El Consejo de Ministros, reunido ayer en sesión extraordinaria, aprobó un real decreto-ley por el que crea un paquete de ayudas para empresas de 11.000 millones de euros a través de transferencias directas a las comunidades por valor de 7.000 millones. Canarias y Baleares recibirán 2.000 millones, el 29% del total, por el excepcional impacto de las restricciones sobre el turismo en las islas, mientras que los 5.000 millones restantes irán a parar al resto de autonomías. Además, también se enviarán partidas a modo de reestructuraciones de deuda por valor de 3.000 millones, y recapitalizaciones por valor de 1.000 millones.
La recepción de todas estas ayudas estará condicionada a que las empresas receptoras mantengan su actividad hasta junio de 2022, no tengan su domicilio en un paraíso fiscal, no estén en concurso ni hayan cesado la actividad en el momento de la solicitud, se hallen al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no repartan dividendo ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años.
Todos los requisitos se detallarán en un desarrollo reglamentario que el Gobierno español aprobará como tarde en un mes y diez días. Con su publicación, también se hará efectiva la entrega de los 7.000 millones a las comunidades autónomas.
La mayor parte de los fondos se materializarán en forma de ayudas directas para autónomos y empresas de un centenar de actividades, las más afectadas por la pandemia, entre las que se incluyen la hostelería, la restauración, el comercio, la cultura o los sectores auxiliares al transporte.
Podrán recibir estas ayudas los autónomos y empresas cuyos ingresos en 2020 hayan sido al menos un 30% inferiores a los de 2019 y tendrán que destinarlas al pago de deudas contraídas desde marzo del pasado año, por ejemplo con proveedores, arrendamientos o deuda financiera.
Los autónomos acogidos al régimen de módulos del IRPF podrán optar a una cantidad fija de 3.000 euros y el resto de autónomos y empresas, a entre 4.000 y 200.000 euros. La cuantía no podrá superar el 40% de la caída de ingresos en el caso de microempresas y autónomos, y el 20% en el resto de negocios, un porcentaje fijado por el Gobierno estatal para asegurarse de que el rescate de las compañías que reciban las ayudas sea viable.
La concesión estará ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo la prohibición de reparto de dividendos y el aumento de retribuciones del personal directivo.
La segunda pata del programa consiste en la creación de una línea de avales públicos de 3.000 millones para la reestructuración de deuda financiera de empresas que hayan recibido préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que cumplan unos criterios que establecerá el Consejo de Ministros.
Estas empresas podrán acceder, según el análisis realizado por cada entidad financiera, a la extensión del plazo de vencimiento de los préstamos, a la conversión de la deuda en préstamos participativos o, como "medida de último recurso", a quitas de deuda.
La tercera línea del programa supone la creación de un fondo de recapitalización, articulado a través de la empresa pública Cofides y dotado con 1.000 millones, para reforzar los balances de empresas medianas que sean viables.
El fondo dispondrá de distintos instrumentos de endeudamiento, capital y cuasicapital (como préstamos participativos) para reforzar los balances de las empresas, lo que conllevará una participación del Estado en los resultados positivos de estas empresas en el futuro, explicó la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. La política destacó que el objetivo de estas ayudas es anticiparse a "posibles problemas de solvencia empresarial" que pudieran tener "impacto macroeconómico" y poner en riesgo la recuperación.
Mayor margen antes de pedir concursos de acreedores. En el marco de este plan de apoyo, el Gobierno español también ha aprobado una prórroga de la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores, que expiraba el próximo domingo, hasta el 31 de diciembre. La nueva extensión de la moratoria concursal busca que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo. Por otro lado, se ha ampliado de tres a cuatro meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora hasta octubre.
El 29% de las transferencias a comunidades irán a Canarias y Baleares por el "excepcional" impacto de las restricciones sobre el turismo
