ace casi dos meses dimos a conocer desde estas páginas la intención del fondo de capital riesgo Magnum Capital, liderado por Ángel Corcostegui, de vender su participación en la empresa guipuzcoana Itasa, después de cuatro años de haber entrado en su capital. Esta semana se ha confirmado la operación y se ha conocido al comprador del paquete de acciones de Magnum: la compañía estadounidense Neenah Paper, que va a desembolsar 205 millones de euros, alrededor de 13 veces el ebitda (beneficio bruto de explotación) generado por Itasa, lo que le va a permitir entrar en el segmento del papel siliconado, donde la empresa andoaindarra es líder estatal con plantas en México y Malasia y exporta el 85% de su producción.
La adquisición de Neenah Paper, que tiene una capitalización de mercado en torno a los 830 millones de euros, y que según la publicación digital Gananzia, dedicada al mundo del emprendimiento y dirigida por José Antonio del Moral, es la decimoquinta operación de compra de más valor realizada en empresas vascas en los últimos años, supone una nueva muestra más de la deriva de ventas que en los últimos tiempos se están produciendo en este país, de compañías a inversores industriales y fondos de capital riesgo con el consiguiente traslado al exterior de sus centros de decisión.
El caso de Itasa es paradigmático porque en cuatro años está compañía ha pasado de ser una empresa propiedad de dos familias con arraigo en Andoain a que en su capital entre un grupo estadounidense con sede en la ciudad de Alpharetta (Georgia), teniendo en el medio el tránsito de un fondo de capital riesgo estatal, que ha abandonado la compañía tras maximizar la inversión realizada y obtener pingües plusvalías, si tenemos en cuenta que en operaciones de empresas industriales los precios de compra pueden ser en torno a cinco veces el ebitda de la firma en venta.
Mientras empresas innovadoras y con un gran desarrollo como puede ser el caso de Itasa, que ha cerrado el año 2020 con una facturación de 100 millones de euros, quedan en manos extranjeras, en este país seguimos sin articular con seriedad un fondo de inversión público-privado dirigido al sector de las pymes que pueda tomar participaciones en compañías capitalizadas, con producto competitivo y con gran proyección internacional, con el fin de impedir la entrada de inversores y fondos especulativos y garantizar el arraigo y los centros de decisión en este país.
Hasta ahora poco se sabe de la actividad del fondo público-privado constituido a finales de 2019 con una dotación de 200 millones de euros en el que el Gobierno Vasco participa con 12 millones y las tres diputaciones con tres millones. El fondo es gestionado por la gestora de capital riesgo Abe Capital Partners, con el objeto de toma de participaciones temporales en pymes "con gran potencial de crecimiento, proyección internacional y basadas en una ventaja competitiva fuerte y sostenible en actividades innovadoras, que a su vez tengan capacidad de arrastre sobre el tejido industrial del entorno".
A pesar de que el 50% de la cartera de empresas participadas por este fondo deben ser pymes vascas, -una condición que se justifica por la participación en el mismo del Gobierno Vasco y de las tres diputaciones-, a día de hoy, que se sepa, la única inversión que ha realizado ha sido la adquisición a finales del año pasado, del 60% de la compañía tecnológica Plain Concepts, dedicada a la transformación digital de las empresas, cuyo domicilio social se encuentra en León, aunque cuenta con oficinas en siete capitales del Estado, entre ellas, Bilbao, y en Seattle, Londres, Frankfurt y Rotterdam.
La necesidad de poner cortapisas a operaciones de compras de empresas por parte de fondos de capital riesgo con una voluntad especulativa y que su única obsesión es obtener la mayor plusvalía posible a la inversión realizada en el menor tiempo posible, se antoja como prioritaria, teniendo en cuenta la gran liquidez monetaria que registra actualmente el mercado y las cada vez más reducidas alternativas que existen para conseguir rentabilidades interesantes.
Tras dejar un ejercicio 2020 a título de inventario por las consecuencias de todos conocidas, los expertos prevén para este año una reactivación de las operaciones de compra de empresas que se centrarán en sectores con perspectiva de crecimiento como las renovables y las tecnológicas digitales, así como las farmacéuticas o vinculadas con la salud, a las que hay que sumar las compañías relacionadas con complementos alimenticios y de nutrición animal.
Contradictoriamente, en Gipuzkoa tenemos algunos ejemplos de fondos de capital riesgo que están demostrando tener una gran vocación de permanencia en las empresas, hasta el punto de que están impulsando nuevos planes estratégicos y acometiendo ambiciosas ampliaciones de las instalaciones productivas, con el fin de consolidar y abrir nuevos mercados a sus productos, sobre todo en el área de la alimentación tanto humana como animal.
Y en este escenario resulta alarmante que la desconfianza que el Gobierno Vasco tenía sobre el destino que el Gobierno español iba a realizar de los fondos europeos se haya visto confirmada con toda claridad y rotundidad. El propio secretario general de Industria, Raúl Blanco, lo ha confirmado hace unos días, al señalar que en el reparto de fondos europeos que Madrid ha hecho, el epígrafe de "Industria y Turismo" contará con el 17% de las subvenciones, esto es alrededor de unos 11.819 millones de euros. En este reparto, las empresas del sector turístico van a recibir un total de 3.800 millones de euros en subvenciones europeas, mientras que las industriales se quedarán con 2.800 millones. A lo que hay que añadir el mismo criterio en el caso del reparto de las subvenciones para las pymes.
Una vez más los intereses del Estado van a primar por encima de los vascos, ya que la industria supone en la CAV el 22% de su PIB, mientras que el turismo solo representa el 6%. Una proporción que está más ajustada en el Estado, donde la industria supone el 16% del PIB y el turismo el 12%. Una vez más, se vuelve a cumplir lo que el economista Xavier Sala i Martí denomina "el coste de la dependencia", es decir, lo que nos supone a los vascos pertenecer a un Estado que sigue actuando de manera recentralizadora y adoptando unas decisiones que perjudican a nuestro desarrollo económico.
