El Movimiento de Pensionistas de Euskadi ha acudido este lunes al Parlamento Vasco para pedir a todos los grupos la creación de un plan de choque interinstitucional en los servicios sociosanitarios que "garantice una atención de calidad colectiva, pública y universal".
Esta es una de las reivindicaciones recogidas en el documento que han entregado a los grupos parlamentarios en el que piden que en ese plan de choque participen el Gobierno vasco, las tres diputaciones, los ayuntamientos, profesionales del sector y los pensionistas, entre otros colectivos.
El objetivo es "impulsar una red pública universal" que mejore la cartera de servicios sanitarios, dote de personal suficiente a los mismos y adopte medidas preventivas para evitar los contagios.
Los pensionistas vascos han reclamado además que las mascarillas estén "incluidas en la tarjeta sanitaria". Piden también revertir los "recortes" en salud, equiparar el gasto sanitario al de la media de la Unión Europea y realizar una reforma fiscal "basada en la equidad".
Exigen asimismo garantizar unos ingresos suficientes que aseguren la Renta de Garantía de Ingresos para familias en situación de pobreza ante su "raquítica e inaceptable" subida del 1,8 % para este año.
Respecto a las pensiones, han solicitado que "se habilite una partida para complementar" la pensión mínima hasta los 1.080 euros y que se complemente la pensión de viudedad hasta el 100 % en el caso de una única percepción de ingresos.
En su comparecencia en la Cámara de Gasteiz han criticado el proyecto de presupuestos de este año elaborado por el Gobierno vasco porque a su juicio no mejora los servicios públicos, ni ayuda a superar la pandemia, mientras se siguen "aplicando recortes en los recursos disponibles para la ciudadanía".
El portavoz de Pentsionistak Araba, Jesús María Soubies, ha explicado que "los recortes en los servicios públicos, especialmente en sanidad" y los servicios sociosanitarios "han aumentado el efecto negativo de la pandemia" y ha reprochado que las cuentas públicas vascas benefician a unos pocos al "privatizar servicios públicos".
A su juicio, "el presupuesto es continuista y no servirá para garantizar las condiciones de vida" en sintonía con la riqueza que produce Euskadi. También han censurado que se renuncie a una reforma fiscal cuando la presión fiscal vasca "es un 6,5 % del PIB inferior a la media europea".
Los pensionistas vascos han rechazado que el proyecto presupuestario sea el más social de la historia cuando "en 2019 alcanzó el 77,9 % del total del gasto frente al 59,9 % actual" y han reprochado que el Gobierno vasco diga que el presupuesto en sanidad se incrementa en un 32,1 % y esconde que el año anterior "se quedó en tan sólo el 4,78 %".
