- La comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo acordó ayer su tercera renovación en 25 años, que tendrá que ser avalada ahora por el Pleno del Congreso. Algunas de las medidas establecidas son actualizar las pensiones con el IPC real, acabar con el déficit de la Seguridad Social en 2023 o ahondar en la separación de las fuentes de financiación del sistema para que el Estado se haga cargo de gastos impropios que pagaba la Seguridad Social. Es la propia evolución demográfica la que pide una reforma del sistema de pensiones, con la generación del baby boom, la explosión de la natalidad en España entre 1946 y 1964, a las puertas de la jubilación.
CCOO y UGT valoraron “muy positivamente” que el Parlamento estatal haya vuelto al consenso en materia de pensiones. “Tras 10 años sin resultados, el Congreso de los diputados volvió al consenso en materia de pensiones, por lo que felicitamos a todos los grupos parlamentarios que lo han hecho posible”, manifestaron ambos sindicatos en un comunicado conjunto. En este sentido, valoraron que se ha vuelto a situar a la Seguridad Social como un “gran pacto de Estado en el que participa la práctica totalidad de las sensibilidades presentes en la vida política del país”.
No obstante, las organizaciones sindicales pidieron al Gobierno que este acuerdo parlamentario vaya seguido de un proceso “real” de participación y negociación en el diálogo social para culminar con una recuperación del sistema de pensiones. “Tanto el sistema de pensiones en particular como el conjunto de prestaciones de la Seguridad Social resultan esenciales para garantizar el bienestar de toda la sociedad española”, añadieron.
De hecho, remarcaron que se trata de una materia que no solo afecta a la población pensionista, sino también a quienes sostienen el sistema con sus cotizaciones, así como para el conjunto de la sociedad con sus impuestos y con un impacto enorme en términos económicos, sociales, de redistribución de renta y generador de actividad económica y empleo.
Las nuevas recomendaciones fueron avaladas por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, JxCat, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana, EH Bildu y el BNG optaron por abstenerse. Únicamente Vox votó en contra de las recomendaciones.
El portavoz del partido ultraderechista en el Congreso, Pablo Sáez, cargó en la Comisión contra el borrador de renovación del Pacto porque, según aseguró, “es un engaño a los españoles sobre la sostenibilidad del sistema” y predijo que “los recortes llegarán cuando el Estado no pueda hacer frente a sus compromisos de gasto”.
Las recomendaciones de renovación del Pacto contra las que arremetió Vox son 21 y conllevan varias mejoras en el sistema de pensiones, aunque todavía insuficientes para algunas asociaciones de este colectivo, que se concentraron frente al Congreso pidiendo una reforma más ambiciosa que rompa con el actual Pacto de Toledo.
El borrador, que expresa su rechazo a una posible “transformación radical del sistema”, recoge, entre otros, los siguientes puntos: aproximar “tanto como sea posible” la edad de jubilación efectiva a la edad legal; necesidad de contar con una herramienta objetiva que defina la suficiencia de las pensiones; garantizar la igualdad en el acceso al empleo, las condiciones de trabajo y la corresponsabilidad en los cuidados, particularmente en los permisos; o impulsar las políticas que faciliten la transición del sistema educativo al mercado de trabajo, especialmente con en la formación profesional y la interrelación universidad-empresa.
La presidenta de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo mostró su satisfacción en el 25º aniversario de la aprobación del acuerdo para regular el sistema de Seguridad Social. En todo caso, matizó que el nuevo borrador es “un punto de partida, no de llegada”.
