-- El Pacto de Toledo consiguió ayer un consenso para acordar el texto que se presentará el próximo martes a la comisión permanente para que, en el caso de que se apruebe, sea elevado al pleno del Congreso. El contenido tiene desde el punto de vista de la CAV dos aspectos destacables como son que propone un sistema complementario de pensiones que básicamente responde a Geroa y que suaviza la centralidad estatal del régimen económico de la Seguridad Social.
El Pacto de Toledo aconseja la implantación de un sistema complementario de pensiones después de haber conocido las características de la guipuzcoana Geroa Pensiones a iniciativa del diputado del Grupo Vasco Iñigo Barandiaran. Cabe recordar que Geroa es un modelo único en el Estado, que nació de un convenio colectivo y que, desde el ámbito exclusivamente empresarial, gestiona las aportaciones tanto de los negocios como de los trabajadores.
Además, el Pacto de Toledo cambia su posición mostrada en 2011, en la que abogaba por una gestión del Estado del régimen económico de la Seguridad Social, para eliminar este punto y abrir la posibilidad de transferir esta competencia a las comunidades autónomas, exigencia que en reiteradas ocasiones ha realizado la Comunidad Autónoma Vasca.
Ayer el Pacto de Toledo acordó por unanimidad cerrar los trabajos iniciados en 2016 sobre las recomendaciones que deben garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de la Seguridad Social y entre las que destaca el protagonismo del IPC para revalorizar las pensiones.
Los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo decidieron ayer, tras cerrar 22 recomendaciones, incluida una sobre jóvenes y Seguridad Social, que el dictamen, esencia de las propuestas, se votará el martes 27 en una comisión abierta en el Congreso.
Todos los portavoces han valorado que las recomendaciones puedan por fin ver la luz tras 4 años de trabajo, ya que las últimas propuestas se remontan a 2011 y el Pacto de Toledo tiene la encomienda de revisar sus recomendaciones cada cinco años.
El IPC es el protagonista de las propuestas ya que las pensiones volverán a actualizarse según este indicador que marca el coste de la vida, dejando al margen la Ley que aprobó el Gobierno del PP y que revalorizaba las pensiones el 0,25% anualmente.
Entre las recomendaciones están la de sanear el déficit del sistema a partir de un reordenamiento de sus gastos, mediante la separación de las fuentes de financiación a la Seguridad Social. De esta forma, el dictamen recomienda que el Estado financie o bien con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o bien con transferencias directas, los gastos impropios que hasta ahora pagaba la Seguridad Social, como bonificaciones, reducciones de cuotas por ayudas a sectores productivos, prestaciones por desempleo o vinculadas a ayudas a la familia.
El borrador plantea posibilitar el traslado o reparto de cotizaciones entre los cónyuges para aminorar la brecha entre hombres y mujeres y garantizar la igualdad en el acceso al empleo. La Administración intensificará también su deber para evitar el racismo o la discriminación en el ámbito laboral, dada la mayor vulnerabilidad de los migrantes.
El Pacto aboga por que el Estado contribuya a financiar los déficits de los regímenes especiales, los complementos a mínimos de pensión, así como los incrementos en la base reguladora de la pensión que perciben las personas viudas con menos recursos o mayores de 65 años sin rentas.
Otro elemento reseñable del texto es la apuesta por acercar la edad real de jubilación a la legal. Si la transferencia de dinero de impuestos a la Seguridad Social para hacerse cargo de costes “impropios” es la vía elegida para cerrar el déficit a corto plazo, a largo sería la del aumento de la edad real de jubilación.
El Pacto contempla analizar los periodos de cotización, ampliar el abanico de cálculo de la base reguladora de las pensiones, así como extender de 35 a 37 años el periodo cotizado necesario para una pensión del cien por cien de la base reguladora.
Otras de las propuestas van dirigidas a poder elegir los 25 años mejores de cotización para calcular la pensión, a medidas que acerquen la edad real de jubilación a la edad legal con incentivos o desincentivos a las prejubilaciones y a estudiar fórmulas que no penalicen a determinados sectores que tienen carreras de cotización de más de 40 años.
Casi todas las recomendaciones ya estaban pactadas en 2019, pero tras frustrarse su aprobación, en esta legislatura los portavoces las han retocado y adaptado a la nueva circunstancia económica provocada por el COVID.
Reclamaciones del Instituto BBVA de Pensiones. El instituto pide pilares robustos de previsión social y complementaria para tener pensiones “sostenibles, suficientes y equitativas”. Considera que el COVID-19 ha puesto “en jaque” al sistema de pensiones y que, si antes de la pandemia ya se necesitaba un gran reforma, ahora todavía más, pues hay que actuar “ya” para estabilizar el sistema.
Posibles votos en contra. Fuentes de varios partidos han señalado que existe un alto grado de consenso para que no haya votos en contra, aunque se prevé que ERC y EH Bildu puedan abstenerse. Avanzan también que Vox tendría “muy complicado votar en contra tras el desastre de la moción de censura al Gobierno” y que podría barajar una abstención.
