- El Gobierno Vasco abonará 20 millones de euros como anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Alrededor de 7.000 ganaderos y agricultores se podrán beneficiar, en breve, de estas ayudas directas, que el Ejecutivo gestiona, junto con las diputaciones forales.

Ante las demandas realizadas por el sector y “la singularidad” de esta campaña “sometida a las incertidumbres” del COVID-19, el Gobierno Vasco ha decidido realizar un anticipo del 70% de los pagos correspondientes a las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes al ejercicio 2020.

Según informó ayer el Ejecutivo, estos anticipos podrán alcanzar los 20 millones de euros y beneficiarían aproximadamente a unos 7.000 profesionales. De ellos, unos 5.300 serían solicitantes de régimen de pago básico y pago verde, y alrededor de 1.700 lo serían del régimen simplificado de pequeños agricultores.

Para agilizar la gestión de las ayudas y que el cobro sea lo más rápido posible, se procederá al anticipo de los pagos correspondientes a pago básico, greening y régimen de pequeños agricultores que no estén comprometidos con controles sobre el terreno ni cesiones de derechos, y que cuenten con los controles administrativos completados.

El Ejecutivo destacó que esa coordinación “entre todos los agentes es básica para que esta notable inyección de fondos llegue al sector en tiempo y forma, sin retraso, a pesar del actual momento de crisis”.

Además, se refirió al acuerdo general alcanzado por el Consejo Europeo sobre el paquete de reforma de la PAC post 2020. La dotación financiera que finalmente se ha asignado a la PAC alcanza los 390.000 millones de euros del presupuesto europeo, de los que unos 47.700 millones se destinarán a España y a Euskadi 65 millones de euros por año (2023-2027).

El Gobierno Vasco subrayó que la CAV comparte los nueve objetivos estratégicos de la PAC (garantizar una renta justa a los agricultores, aumentar la competitividad, reequilibrar el poder en la cadena alimentaria, actuar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente, preservar los paisajes y la biodiversidad y apoyar el relevo generacional); así como el nuevo modelo de gestión (Delivery Model) que impulsa esta reforma, que permitirá a los estados miembros elegir las mejores herramientas y acciones a su disposición para alcanzar los amplios objetivos y estándares europeos.

Tras señalar como elemento positivo de esta modificación “el carácter subsidiario” que se deja a los estados, lamentó que el modelo de subsidiariedad “no se ha extendido a las regiones con autonomía competencial” en aquellos de corte federal o autonómico, “o al menos con autonomía fiscal, como es el caso de Euskadi”.