- La negociación de la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de las condiciones vinculadas a esta extensión encara la próxima semana su recta decisiva, ya que su vigencia termina el 30 de septiembre.
En la apertura de la mesa de negociación, que tuvo lugar el pasado 1 de septiembre, Gobierno y sindicatos se comprometieron a “no agotar los tiempos de negociación”. No obstante, la realidad es que el acuerdo todavía no se ha terminado de concretar y quedan algunos puntos por fijar. Esta semana, como novedad, el Gobierno ofreció a los agentes sociales exoneraciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social superiores al 80%, para aquellos ERTE de determinados sectores, los más afectados por la pandemia, así como para las empresas vinculadas a los mismos.
El Gobierno mantiene su intención de sectorializar los ERTE y enfocarlos hacia actividades concretas y a las empresas que forman parte de su cadena de valor. Las fuentes consultadas calculan que, de los más de 700.000 trabajadores que actualmente se encuentran en ERTE, gran parte de ellos se mantendrían amparados por esta herramienta.
Por su parte, sindicatos y patronal están en contra de enfocar los ERTE solo hacia determinados sectores.
De momento, según fuentes de UGT, los trabajadores que a partir de la fecha de la prórroga de los ERTE (1 de octubre) se vean inmersos en uno de estos expedientes de regulación no consumirán paro si son despedidos o si se extingue su relación laboral antes del 1 de enero de 2022 (hasta el 31 de diciembre de 2021).
La prestación que cobran los trabajadores en ERTE seguirá siendo del 70% de la base reguladora aunque lleven más de seis meses cobrándola, un punto sobre el que estaban de acuerdo todas las partes, que querían evitar que ésta bajara al 50%, como marca la legislación una vez han transcurrido seis meses de percepción.
