omo un Guadiana que aparece y desaparece, estamos asistiendo estos días a un nuevo comportamiento cicatero por parte del Estado -da igual el color que tenga el gobierno de turno- a la hora de saldar sus cuentas con Euskadi, como está ocurriendo con el fondo extraordinario de 16.000 millones de euros que el Ejecutivo de Sánchez ha creado con destino a las comunidades autónomas para financiar el coste de la epidemia del COVID-19.

De manera unilateral, el Gobierno de Sánchez ha dejado fuera del reparto a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra en el cuarto tramo del fondo dotado de 5.000 millones de euros -4.200 millones para compensar la caída de ingresos y 800 para el transporte-, con el argumento de que recaudan sus propios impuestos y tienen un volumen de fondos superior al resto de las comunidades por ese concepto.

Esta decisión puede suponer en el caso de la CAV dejar de percibir alrededor de unos 200 millones de euros, a lo que hay que añadir el desacuerdo que existe en los cerca de 600 millones que Madrid estaría dispuesto a ofrecer por lo gastos que Euskadi ha tenido en sanidad y educación como consecuencia de la epidemia del coronavirus.

Este litigio entre el Gobierno Vasco y el de Madrid, que tiene su origen en que, previamente a la ejecución del reparto de esos recursos financieros, se debería de haber celebrado la Comisión Mixta del Concierto Económico para negociar y pactar la participación de la CAV en ese fondo, es uno más de la larga serie de incumplimientos que por parte de Madrid se han producido en los 41 años que han transcurrido desde que se aprobara la ley por la que se recuperaba este instrumento que es la columna vertebral del autogobierno vasco.

La ley es clara en este sentido y los procedimientos están perfectamente definidos a la hora de fijar las relaciones financieras entre la CAV y el Estado. En este sentido, la ley 11/2017 de 28 de diciembre que aprobó la metodología de señalamiento del Cupo para el quinquenio 2017-2021 establece de manera clara que si "el Estado se reservara o asumiera nuevos compromisos de financiación derivados de medidas legislativas, de interés general o de acuerdos interinstitucionales, sobre materias cuya ejecución corresponda a la Comunidades Autónomas, se reunirá la Comisión Mixta del Concierto Económico para analizar y determinar la participación financiera que, en su caso, corresponda al País Vasco".

Si como se presupone que un Gobierno no debe ignorar la ley, la consecuencia de este comportamiento del Ejecutivo de Sánchez es de una consciente inobservancia que resulta a todas luces inaceptable, teniendo en cuenta los antecedentes que se han podido ver en la gestión de la pandemia y el ninguneo que ha demostrado con las comunidades autónomas durante ese proceso.

El conflicto no es baladí porque, aparte de la contribución de 998,4 millones de euros que los vascos vamos a hacer en virtud de la aplicación del Cupo a ese fondo de 16.000 millones de euros que ha creado el Gobierno español, en esa Comisión Mixta del Concierto se debe decidir una cuestión vital para la salida de la crisis económica como es saber hasta dónde se fija el límite de deuda y de déficit, así como la posibilidad de emitir deuda, teniendo en cuenta el favorable rating que tiene Euskadi en las agencias de calificación de riesgos por contar con una economía saneada y bajos niveles de deuda. Hay que tener cuenta que el Gobierno Vasco ingresará este año 2.000 millones de euros menos que deberá compensar vía deuda y aportación de fondos estatales y europeos.

Por eso, la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico que se prevé celebrar el próximo mes de julio va a ser muy tensa porque, a cambio de no participar en el reparto de los 5.000 millones de euros para resarcir la caída de recaudación y del transporte público de las comunidades autónomas, se exigirá por parte vasca una compensación a la hora de fijar la capacidad de endeudamiento y el objetivo del déficit más allá de lo establecido y teniendo en cuenta el duro escenario económico que nos espera.

Nadie podrá apelar a la falta de solidaridad de los vascos con el resto de las comunidades autónomas o la situación de privilegio tantas veces cacareadas por representantes de partidos políticos españoles, cuando a través del 6,24% que establece el Cupo estamos contribuyendo a la gran deuda fiscal que tiene el Estado con una prima de riesgo que se sitúa en torno a los 95 puntos sobre Alemania, y ello, gracias a la ayuda del Banco Central Europeo (BCE), o el déficit público que puede suponer el 10% del PIB debido a los menores ingresos y mayores gastos provocados por la epidemia y una menor renta estatal.

Como ya han adelantado la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula von der Leyen, y la del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, lo peor de la crisis está por llegar y nos esperan unos meses muy difíciles porque las instituciones vascas no podrán echar mano de los remanentes de tesorería que disponían por la buena evolución de la economía hasta la llegada del virus. Por ello, conocer la capacidad de endeudamiento y el objetivo de déficit se convierte en un elemento vital para poder afrontar de la mejor manera un año 2021 que se presenta muy difícil y lleno de incertidumbres.

En este sentido, la celebración de la Comisión Mixta del Concierto Económico va a suponer otra prueba de fuego más para conocer si el Estado si es respetuoso con el carácter de bilateralidad que deben tener las relaciones financieras entre las Administraciones vasca y estatal o, por el contrario, las negociaciones que Sánchez está manteniendo con Ciudadanos -cuyo rechazo a esa figura de nuestro autogobierno es de sobra conocido-, de cara a los presupuestos puede gravitar en ese escenario. Una pérdida de solvencia financiera podría influir negativamente en la gestión de las competencias vascas y, por ende, en una mejor salida de la crisis económica. Una situación que a más de uno le gustaría allende el Ebro.