Gobierno y Generalitat se reunirán para abordar el cierre de Nissan

Tras la convulsión que provocó el jueves el anuncio de Nissan de que cerrará sus plantas catalanas en diciembre, entre ellas la de la Zona Franca de Barcelona, ayer las administraciones insistieron en no dar la batalla por perdida, habida cuenta de que la salida de Nissan de Catalunya deja en el aire unos 25.000 empleos, entre directos e indirectos, según estimaciones del comité de empresa y del Gobierno catalán.

La portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, explicó en Onda Cero: "Vamos a ver cómo podemos afrontar la posibilidad de revertir esta situación, hablando directamente con Japón y lo que haga falta". Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dijo ayer que es necesario buscar "la mejor colaboración público-privada para dar continuidad a Nissan".

Tras las quemas de neumáticos que se vivieron el jueves en Barcelona como reacción al anuncio de la multinacional japonesa, ayer el comité de empresa optó por una protesta menos contundente y varios centenares de trabajadores de Nissan protestaron ante diversos concesionarios de la marca japonesa en la provincia de Barcelona.

Los empleados de Nissan empapelaron las paredes de los concesionarios con folios que recogían consignas en contra del cierre y en favor del mantenimiento del empleo y de las 25.000 familias afectadas, y advirtieron a la empresa de que las protestas irán a más si mantiene sus planes de desmantelar las instalaciones de Zona Franca, Sant Andreu de la Barca y Montcada i Reixac.

El presidente del comité de Nissan en Barcelona, Juan Carlos Vicente, avisó a la multinacional de que solo se sentará a negociar "soluciones de futuro" para las plantas catalanas y que impliquen mantenimiento de los empleos, "y no indemnizaciones".

"No vamos a poner precio a la fábrica ni a los puestos de trabajo. Somos 25.000 familias y estamos velando por el futuro de los empleos", aseguró Vicente.