El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo tramo de 20.000 millones de euros de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinada a mitigar el impacto de la crisis del Covid-19 en el tejido productivo español, garantizando que la liquidez llegue a empresas y a autónomos.

Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes.

El nuevo tramo de 20.000 millones se dirigirá en su totalidad a facilitar liquidez a autónomos y pymes. Se trata de la cuarta línea de garantías públicas que aprueba el Ejecutivo, con lo que el importe conjunto se eleva a 84.500 millones de euros sobre el total de 100.000 millones de euros dispuestos, de los que 60.000 millones (siete de cada diez millones otorgados) se han reservado para autónomos y pymes.

"Creo que los números están reflejando de forma nítida que este Gobierno viene priorizando de forma especial a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos en cada una de las medidas económicas que adopta", ha destacado Montero.

Este fin de semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó para volver a pedir al sector financiero que sea "suficientemente dinámico y ágil" para que los avales lleguen fundamentalmente a pymes y autónomos, "que son los que más lo necesitan".

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de mayo el tercer tramo de avales para empresas del ICO por un importe total de 24.500 millones de euros (4.500 millones gestionados a través de BME y Cersa).

Este tercer tramo de la línea ICO estaba destinado a la concesión de créditos y el 50% del importe total era para asegurar la financiación de pymes y autónomos, mientras que el 50% restante iba destinado a grandes empresas.

Las líneas de avales están gestionadas por la entidad pública, en colaboración con los bancos, los cuales asumen el coste de la garantía, que se sitúa en un rango de entre 20 y 120 puntos básicos.

El único requisito para acceder a esta garantía es que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

Hasta el pasado domingo, 17 de mayo, el ICO había registrado 394.543 operaciones (el 98% a pymes y autónomos) por importe de 38.631 millones de euros, y un flujo de crédito canalizado de 50.822 millones de euros.