añana lunes, muchos comercios, establecimientos hosteleros, concesionarios de coches, etc. volverán a abrir sus puertas después de casi dos meses con las persianas bajadas y con la incertidumbre de no saber cómo van a responder los consumidores después de todo este tiempo de parón forzado y ante una nueva realidad que va a cambiar radicalmente sus hábitos, no solo por la aplicación de las medidas de seguridad que nos impone la pandemia, sino por las negativas consecuencias económicas que ha producido esta crisis sanitaria.
En este contexto de recesión económica y volubilidad, el sector público debe ser el agente que insufle perspectivas de futuro y desarrollo positivo para que nuevamente la economía vuelva a generar riqueza y las empresas recuperen cuanto antes los niveles de actividad que hagan posible aminorar la importante caída del empleo que se está produciendo con la recesión del COVID.
Hasta el momento, la respuesta del sector público se ha centrado en la vía de ayudas y avales para dotar de liquidez a las empresas; puesta en marcha de ERTE para eliminar los costes laborales a las compañías, garantizar un cierto nivel salarial a los trabajadores y evitar un aumento desorbitado de las listas del desempleo; aplazamientos y reducciones fiscales, etc., que, en términos generales y dentro del marco posible, salvo casos concretos, ha ido acorde con la necesidad de los distintos sectores económicos. Otra cosa es la gestión, como en el caso de los ERTE, en donde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha visto desbordado generando retrasos incomprensibles en la percepción de las ayudas por parte de los trabajadores, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos.
Con este oxígeno sobrevenido que tiene como objeto no partir de cero en el momento del arranque es necesario que desde el sector público se apliquen cuanto antes medidas incentivadoras del consumo de los ciudadanos, ya que una de las características de esta gran recesión es que se ha producido un shock de demanda como consecuencia de la paralización de la actividad y la entrada en vigor del confinamiento, a lo que hay que añadir una crisis de oferta en algunos sectores por la ruptura de la cadena de suministro.
Estas medidas de incentivo de la demanda deben ponerse en marcha en sectores estratégicos en este país como es el de la automóvil, que representa el 12,5% del PIB de Euskadi y da empleo a unas 35.000 personas, a través de la entrada en vigor de un nuevo Plan Renove que sirva para fomentar la adquisición tanto de coches de combustión diesel como de gasolina, -que en general, están equipados con motores de muy baja emisión de CO2-, como de híbridos y eléctricos.
El objetivo de este plan no solo servirá para achatarrar los vehículos de más de diez años que siguen circulando por nuestras carreteras contaminando nuestro medio ambiente al contar con motores poco eficientes, sino que esas ayudas públicas revertirán también en la producción de vehículos y con ello en el mantenimiento y generación de empleo en toda la cadena de valor del sector, así como en un retorno fiscal, a través del IVA e Impuesto de Matriculación, que supone un 26,32% de media del valor de cada vehículo vendido.
Pero detrás de la venta de un coche no solo están los recursos fiscales que genera a favor de las arcas públicas, sino también una actividad en el sector de componentes de automoción vasco, que supone el 47% del total del Estado, y que tiene un peso importante en los fabricantes de coches. Sirva como ejemplo que en un coche de la marca BMW, salvo los componentes de origen alemán, todo el resto están producidos por empresas guipuzcoanas con lo que los vehículos de la marca bávara también llevan el saber hacer y la calidad industrial que existe en este territorio.
En este sentido, el Plan PAVEA, que el Gobierno Vasco puso en marcha el pasado mes de enero para impulsar la electrificación del automóvil incentivando la adquisición de coches híbridos y eléctricos sobre el resto, puede ser la mejor excusa para activar cuanto antes una iniciativa de este tipo equiparando las condiciones con los vehículos de combustión. Ese programa todavía dispone de un fondo de 4.350.260 euros de los cinco millones con los que estaba presupuestado y que a día de hoy, no se han gastado, probablemente, por fijarse un objetivo demasiado ambicioso para el momento actual.
Si a estos casi 4.5 millones de euros disponibles le añadimos 6,5 millones más, el Gobierno Vasco podría poner en marcha de manera rápida, dadas las circunstancias actuales en la que se encuentra nuestra economía, un nuevo Plan Renove por un importe de 10 millones de euros que serviría no solo para reactivar el sector de la automoción sino también para sacar de las carreteras todos los coches de más de 10 años de vida que son mucho más contaminantes.
La situación del sector es alarmante si tenemos en cuenta las cifras de venta de automóviles durante el pasado mes de abril que solo en Gipuzkoa representó una caída del 98,69%, lo que significa el peor dato de los últimos 20 años y el mayor desplome conocido hasta ahora. En el territorio se ha pasado de los 1.248 coches vendidos en abril del pasado año a los quince del mismo mes de este año. Una auténtica hecatombe.
Y mientras llega un nuevo Plan Renove en Euskadi, el Gobierno español ya está pensando en lanzar una iniciativa de este tipo por un importe de 800 millones de euros con el objetivo, no solo de renovar el parque móvil estatal, mejorar su eficiencia energética, sino favorecer la recuperación del sector como consecuencia de la paralización de las fábricas, la caída de pedidos y el cierre de concesionarios. La puesta en marcha de este ambicioso plan está siendo objeto de negociación entre el ministerio de Industria y las empresas del sector y podría materializarse con un acuerdo en los próximos días. El que no corre, vuela.
Las ventas de automóviles cayeron un 98,69% el pasado abril (de 1.248 a 15), lo que representa el peor dato de los últimos 20 años y el mayor desplome conocido hasta ahora
