- El sector sigue trabajando porque en estos momentos están aprobándose los visados de las obras que se han madurado los últimos meses. Sin embargo, advierten de que los próximos meses pueden ser muy complicados.

¿Cómo viven los profesionales de la arquitectura estos momentos?

—Con mucha incertidumbre y con mucho pesar porque todavía no nos habíamos recuperado de la crisis anterior, de la crisis inmobiliaria. De hecho, la construcción suponía un 11% del PIB antes de aquella crisis y ahora estamos en un 6% y ya veremos cómo acaba el año. Nos movemos en una crisis sin haber recuperado el aliento y pensando que habíamos encontrado ya un ritmo que evitaba una caída libre, ahora tenemos mucha incertidumbre. Sobre todo por cómo se está regulando en estas siete semanas de alerta la capacidad de actuación de los arquitectos y de las obras, por las limitaciones. Estamos bastante preocupados.

Además se trata de una actividad que depende de pequeñas obras, como las reformas, y de grandes infraestructuras públicas, que ya se anuncia que en algunos casos se van a aparcar.

—Sí, en el documento que hemos presentado a nivel estatal, y luego hemos aplicado a nivel autonómico, hay dos o tres claves que son iguales para todos. Las infraestructuras son fundamentales para que no pare la economía, pero también está el tema de la vivienda. Los ciudadanos están siendo ahora más conscientes de lo importante que es la vivienda, que esté bien acondicionada, que sea confortable, que tenga todas la funcionalidades para poder vivir. Estamos siendo muy conscientes de la importancia de la calidad de la vivienda, tanto constructiva como funcional, estamos viendo también la necesidad de repensar mucho el tema del envejecimiento de la población en las viviendas. No me quiero meter en el tema de las residencias, pero es otro punto fundamental.

¿Cuál es la tipología del estudio de arquitectura vasco?

—En Euskadi y Navarra el 70% del colectivo es autónomo, con pequeños estudios. Hay 3.800 arquitectos colegiados en Euskadi y Navarra. Estudios grandes hay muy pocos, estudios de como máximo seis arquitectos, y contados con los dedos.

Ya han cuantificado la caída de la facturación para el sector.

—Creemos que hasta final de año los encargos bajarán un 50%. Ahora, estamos en mayo, ¿de aquí a diciembre se puede mejorar la situación con las propuestas que hemos presentado a la administración? Es lo que queremos intentar. La rehabilitación es fundamental, es un reto que antes del coronavirus era clave para mejorar nuestras ciudades y viviendas, porque mejora la vida de las personas. La rehabilitación es una actividad que, alcanzando los niveles de países cercanos, favorece la empleabilidad. Rehabilitar las casas y barrios supone crear muchos puestos de trabajo. Hay mucho parque edificado, en nuestras ciudades se ha construido prácticamente todo lo que tenía que haberse construido.

¿Cambiará la forma de construir tras el coronavirus?

—Vamos a separar dos espacios. Si el encargo es privado, hay contacto directo con el cliente o los promotores, habrá una demanda del usuario final que quiera comprar una casa de un tipo o de otro, según su experiencia vivida estas semanas. Por parte de la promoción pública quiero incidir en la necesidad de que la reflexión sobre el espacio de calidad tenga el peso suficente en la contratación para que sea determinante a la hora de ejecutarse un proyecto. Que la idea responda a unas mejores condiciones para el usuario final, lo que en la promoción pública es desconocido porque se hacen las casas y luego se adjudican. La administración debe comprometerse con la defensa de calidades funcionales, de construcción, y que no prime la adjudicación...

¿Por precio?

—Por precio, exactamente. Es fundamental, hay que dejar competir por calidad decididamente, la ley de contratos públicos permite ser mucho más ambicioso en estos aspectos y la administración debe comprometerse con ello.

¿Qué cauces de comunicación tienen con las administraciones?

—Desde el colegio de arquitectos hemos remitido nuestras peticiones al lehendakari y a la presidenta del Gobierno de Navarra con copia a diferentes consejerías. También hemos hablado con Eraikune, el cluster de la construcción. En algunos aspectos en los que coincidimos nos hemos unido con los abogados, con plataformas de autónomos, con otros colegios profesionales para ir de la mano. Y, en este documento de 40 medidas en el que todos los colegios del Estado hemos trabajado, a nivel estatal se han sumado a las reivindicaciones sindicatos y la confederación nacional de la construcción. Estamos trabajando para implicar al máximo de agentes posible porque esto es una apuesta de todos.

¿Cuál ha sido la respuesta de la administración?

—La intervención sobre las ciudades y las viviendas afectan a todo el mundo. Para ir a trabajar hay una carretera, hay una oficina, para vivir hay un edificio. Ya hemos tenido una respuesta del director de Vivienda del Gobierno Vasco muy positiva en la que reconoce muchos de los puntos que planteamos. La presidenta del Gobierno de Navarra nos ha agradecido las propuestas...

Se habla de reactivar el comercio, la industria e incluso las obras, pero el trabajo de los arquitectos tiene plazos más largos. ¿Sienten que están a la cola de las prioridades de la Administración?

—Tanto el Gobierno de Navarra como el vasco están elaborando un plan de reactivación y hemos querido ir por delante y plantear nuestras medidas. Hay cuestiones clave y un anexo importantísimo, la agilización de las licencias y de todos los procesos administrativos. Tenemos que trabajar codo con codo para que los trámites sean mucho más rápidos, dando todas las garantías a los ciudadanos, al promotor... El que está detrás de un proyecto tiene que tener todas las garantías, pero sin abusar con los plazos. Los tiempos administrativos son eternos, tenemos una normativa complejísima, hay que pasar por cien mil filtros. Eso hay que agilizarlo. El colegio de arquitectos tramita los visados de un día para otro. Tenemos que poner los medios para que se acorte esa tramitación administrativa que alarga mucho los procesos. Una vez que uno ha tomado la decisión de invertir dinero en mover esa parte de la economía, no puede haber retrasos administrativos. No podemos tener una administración que ponga pegas y mil impedimentos. Estamos esperando que hagan públicas las medidas que están redactando para analizarlas y realizar nuestras puntualizaciones.

¿Se siguen aprobando visados?

—Sí porque un proyecto no se gesta de la mañana a la noche. Se tarda entre tres y cuatro meses, dependiendo del alcance. Ahora están aprobándose proyectos que estaban comprometidos desde principios de año. Lo que sí hemos visto es que se reducen los nuevos proyectos.

Y en medio está ese plan de medidas que de puertas afuera se intuye como una carrera contra reloj.

—Son medidas para poner en marcha ya. La obra nueva tiene unos plazos más dilatados, pero la rehabilitación tiene un efecto inmediato y puede generar empleo inmediato, y las medidas que planteamos para la rehabilitación tienen que activarse ya.

También habrá medidas de carácter fiscal.

—Tienen que adoptarse ayudas fiscales porque cualquier inversión en rehabilitación tiene un retorno de cerca del 45%. Se da empleo a personas que salen del paro, se pagan impuestos... Por ello es necesario tomar medidas, dentro de la desescalada, para facilitar la rehabilitación en las viviendas que están ocupadas.

¿Se han cerrado despachos de arquitectos en el confinamiento?

—No. Hemos estado trabajando desde casa y establecido algunas medidas que afectaban a empleados, pero en general se ha podido seguir trabajando en proyectos.

Ese desplome del 50% en los contratos que se prevé de aquí a final de año, ¿es asumible por el sector o conllevará el cierre de despachos?

—2014 fue el peor año con diferencia de las últimas dos décadas y hubo estudios que en algunos momentos dejaron de contratar. Vamos a sufrir mucho. Por eso reivindicamos que los proyectos existan.

"Los encargos pueden bajar un 50% este año. ¿Se puede mejorar la situación? Para eso hemos presentado un plan a las administraciones"

"En la promoción de vivienda pública, la administración debe comprometerse con la defensa de las calidades y que no prime el precio"

"Cuando alguien toma la decisión de invertir dinero en la construcción, no podemos tener gobiernos que dilaten los plazos "