a crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos está provocando situaciones cuando menos esperpénticas, que poco tienen que ver con el estado de emergencia, donde aparecen sectores como el del fútbol profesional, que parece que quiere seguir teniendo bula por parte de las autoridades para que, abstrayéndose de la dura realidad a la que tienen que hacer frente en este momento todas las empresas, trata de recuperar cierta normalidad con el fin de minimizar sus pérdidas.
Parece poco solidario e incluso amoral que los clubes de fútbol pudieran disponer de test para detectar el COVID-19 a jugadores y cuerpo técnico para iniciar la próxima semana los entrenamientos y tratar de recuperar cuanto antes la actividad -aunque fuera para celebrar partidos a puerta cerrada-, cuando escasean este tipo de pruebas para colectivos como médicos, enfermeras, cuidadoras de residencias de ancianos, cajeras de supermercado, transportistas, limpiadoras, etc., que deben tener prioridad absoluta porque su trabajo es extremadamente esencial en la coyuntura de confinamiento en la que nos hallamos.
Estos 43 días de ausencia de partidos de la LaLiga han demostrado que el fútbol es una actividad prescindible y que se puede vivir perfectamente sin él, a pesar de lo que algunos piensen, cuando se pone en cuestión la vida, la economía y el trabajo de las personas.
Raya en el insulto declaraciones como las del presidente de LaLiga, Javier Tebas, cuando afirma que hay que "intentar minimizar al máximo los daños, que si se puede jugar a puerta cerrada serán de 300 millones de euros y si no se puede jugar de ninguna manera serán de 1.000 millones", cuando las empresas industriales tienen la actividad total o parcialmente paralizada y sectores como el de hostelería o comercio tienen las persianas cerradas desde hace 43 días.
Si entendemos el fútbol profesional como un espectáculo, habrá que colegir que el escenario al que se enfrenta debe ser el mismo que el del sector de la cultura, en donde actividades como conciertos, teatros, actuaciones, festivales, conferencias, etc., van a ser los últimos en recuperarse por el problema que tienen de congregar a un gran número de personas en el mismo lugar con el peligro que ello supone de contagio. Hasta que no exista una vacuna que actúe como antídoto contra el virus y su aplicación sea generalizada, parece que los actos multitudinarios, y entre ellos, el fútbol, van a desaparecer por algún tiempo.
El COVID-19 ha puesto de relieve la situación económica límite en la que se encontraban algunos clubes de fútbol que se han visto obligados a pedir un ERTE, en concreto seis de Primera División -entre ellos, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla-, con lo que parece que el coronavirus puede provocar que se desinfle la burbuja en la que está instalado este sector en los últimos años. Las cosas van a cambiar hasta el punto de que la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos puede provocar una menor asistencia de espectadores a los campos de fútbol con lo que los derechos de televisión se depreciarán de manera importante, lo que tendrá un gran efecto en los jugadores y entrenadores que ganarán menos.
Está claro que esta epidemia va a dejar muchas víctimas económicas cuando se recupere la nueva normalidad -como algunos empiezan a llamar al escenario postCOVID-19-, fundamentalmente, a las microempresas y a los autónomos que tienen sus negocios cerrados desde el primer día que se decretó el estado de alarma y tienen que seguir pagando sus gastos estructurales. Y en este sentido, llama la atención la poca diligencia que durante este mes y medio ha demostrado la consejera de Turismo, Comercio y Consumo, la socialista Sonia Pérez Ezquerra, cuando de su departamento depende uno de los sectores económicos que más está sufriendo y que, probablemente, más víctimas económicas va a dejar tras de sí el COVID-19.
Parece un sarcasmo que esta semana su departamento haya elaborado un informe sobre el impacto económico que la epidemia va a tener en el turismo vasco, sin que en su elaboración se recoja al sector de la hostelería, que es uno de los principales motores de esta actividad, sobre todo en Gipuzkoa, con lo que ese estudio carece de todo rigor.
Que las conclusiones del informe son incompletas se puede comprobar cuando el estudio concluye que el número de empleos turísticos afectados en Euskadi se eleva a 3.745, cuando solo el sector de la hostelería de Gipuzkoa -que genera 23.500 puestos de trabajo-, alrededor de unos 19.975 son trabajadores que se encuentran afectados por un ERTE o autónomos que han declarado cese de actividad.
Con este panorama, la puesta en marcha de una línea de ayuda específica al sector por parte del departamento de la que es titular Sonia Pérez Ezquerra debería de haber estado ya vigente, al igual que ha ocurrido en la industria, la cultura o la agricultura, cuando, con toda probabilidad, va a estar sometido a la salida de la crisis a una profunda reconversión que va a dejar en el camino muchas víctimas. La pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, los nuevos hábitos de los clientes con la adopción de medidas de seguridad limitando el aforo de los establecimientos y la ausencia de turistas en nuestras calles durante varios años va a suponer una total revulsión de difícil predicción en un sector que supone el 7,7% del PIB de Gipuzkoa
Por ello, el fondo de 30 millones de euros que el Gobierno Vasco prepara para el turismo, hostelería y comercio debería de actuar con criterio selectivo y establecer líneas de apoyo a empresas a partir de plantillas de al menos diez trabajadores que por su proyección, capacidad de innovación y eficiencia demostrada pueden garantizar de la mejor manera la pronta recuperación de un sector como el turismo que se considera estratégico. Lo contrario, es decir, atomizar las ayudas obedecería más a cuestiones de tipo político que de perspectiva económica. El Plan 3R (Rescate, Reconversión y Reestructuración) impulsado por el Gobierno Vasco en 1991 de la mano del entonces vicelehendakari Jon Azua, para apoyar a empresas en dificultades y garantizar la continuidad de una parte del tejido industrial vasco puede ser un magnífico ejemplo para afrontar de la mejor manera la difícil situación que nos va a tocar vivir.
El COVID-19 ha puesto de relieve la situación económica límite en la que se encontraban algunos clubes de fútbol y puede provocar que se desinfle la burbuja en la que está instalado este sector
