a paciencia tiene un límite. La insistencia del Gobierno Sánchez de actuar de manera unilateral y sin consultar con las comunidades autónomas la toma de decisiones, a pesar de vulnerarse en algunos casos de manera flagrante el ámbito competencial, haciendo caso omiso a la reprobación que sobre esta forma de proceder ha realizado, tanto en privado como en público, el lehendakari Urkullu ha tenido la respuesta lógica que nadie hubiera deseado, mucho más en las dramáticas circunstancias en las que vivimos.

¡Así no se puede seguir! Es lo que parece que ha tenido que escuchar esta semana el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de dirigentes institucionales y políticos vascos que le han recriminado, a pesar de los reiterados avisos en sentido contrario, la persistencia de su actitud de tomar decisiones sin consultar y consensuar con el Gobierno Vasco, con la gravedad de que su implantación puede suponer afecciones económicas en sus cuentas. En el ambiente sobrevuela el necesario respaldo que los diputados del PNV han dado, desde la moción de censura de Rajoy y en las sucesivas reelecciones, a Sánchez para acceder a la Moncloa.

A juzgar por los resultados, parece que la advertencia -a la que hay que sumar el guirigay interno del Gobierno español entre el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá-, ha podido tener sus consecuencias, ya que, a día de hoy, el proyecto de Ingreso Mínimo Vital que, tan pomposamente iban a presentar el pasado jueves, ha quedado en el cajón a expensas de mayor concreción. Probablemente, porque el Gobierno Sánchez no sabe de dónde va a detraer los recursos económicos en unas cuentas públicas que ya están seriamente mermadas como consecuencia de la crisis económica originada por la pandemia, ni tiene concretada la tipología de los beneficiarios. Una cosa es predicar y otra dar trigo.

La desfachatez del Gobierno Sánchez ha sido de tal nivel que al mismo tiempo que el diputado del PNV por Gipuzkoa, Iñigo Barandiarán, preguntaba el pasado miércoles al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la correspondiente comisión del Congreso, por la falta de comunicación con la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, "cuando el modelo vasco de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es una referencia en el Estado", el vicepresidente Pablo Iglesias anunciaba una rueda de prensa al día siguiente para dar a conocer públicamente el proyecto. Un acto informativo que, a día de hoy, todavía no se ha celebrado.

Y todo ello desde la advertencia de Barandiaran al ministro Escrivá de que no caiga en la recentralización que Sánchez ha desarrollado en otros ámbitos dentro de la gestión política que está realizando de la pandemia. "Solo respetan el autogobierno cuando no les crea complicaciones pero, al menor atisbo de inseguridad todo se centraliza. Esperemos que con el Ingreso Mínimo Vital no suceda lo mismo", concluyó su intervención el diputado Barandiaran.

El asunto del Ingreso Mínimo Vital que quiere imponer el Gobierno español -en una materia donde Euskadi atesora una experiencia de más de 30 años y que en los presupuestos de este año destina 370 millones de euros a favor de un total de 52.240 personas en riesgo de pobreza o exclusión social-, no es algo baladí. El Gobierno español quiere de rondón, aprovechándose de la crisis del coronavirus, aplicar con carácter estructural una medida que no surge al albur de la actual crisis, sino que forma parte del programa de gobierno del PSOE y Podemos, rompiendo de esta forma el ámbito competencial de las comunidades autónomas, ya que las políticas asistenciales están en sus manos.

Por si esto ya fuera poco, si el Gobierno español considera el Ingreso Mínimo Vital como una pensión mínima no contributiva con cargo a la Seguridad Social, significará que el Gobierno Vasco, al no ser una competencia transferida, tendrá que devengar al Estado vía Cupo el 6,24% de los 6.500 millones de euros que se cree que destinará a este fin. Es decir, 405 millones de euros que tendrá que pagar el Gobierno Vasco de más a Madrid, a los que hay que sumar los 370 millones que de manera voluntaria dirige a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. De momento, el Gobierno español no ha desvelado el coste del Ingreso Mínimo Vital que van desde los 6.500 y 10.000 millones de euros que proponía el PSOE a los 12.000 millones que contemplaba Podemos en su programa electoral.

Cosa distinta es que esos recursos se detraigan de los presupuestos del Estado de la forma que se estime oportuno, con lo que el gasto, -que beneficiará a un millón de hogares, la mitad con niños y un 10% de familias monoparentales-, se computarán en sus cuentas sin afectar para nada a las arcas del Gobierno Vasco. Y todo ello, reconociendo que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en el Estado español es del 26,1%, lo que le convierte en el tercer país con mayor desigualdad de la UE, solo por delante de Lituania y Letonia.

La utilización del decreto ley que acostumbra el Gobierno Sánchez y a la que Podemos le ha sacado gusto es que la decisión de retirar el 47% de los fondos de las políticas activas de desempleo, -que es también una competencia de las comunidades autónomas-, para destinarlo al desempleo va a suponer que el Gobierno Vasco tenga que detraer de otras partidas un total 212 millones de euros para completar los 400 millones comprometidos en los presupuestos con ese destino. Como dijo el diputado Barandiaran, la actuación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es un "gravísimo error político porque esos fondos están ligados al futuro de la empleabilidad de los trabajadores y, por lo tanto, a la recuperación económica".

En medio de este contexto, llama la atención la actuación de la consejera de Trabajo, la socialista María Jesús San José, que, arrogándose el papel de submarino del Gobierno español, en una rueda de prensa institucional, no solo no defendió a la institución de la que forma parte en este intento de usurpación de competencias y de recursos económicos que estamos viendo, sino que afeó al lehendakari Urkullu por sus reprobaciones a la gestión del presidente y secretario general de su partido, Pedro Sánchez, al señalar que "algunas críticas de trazo grueso no ayudan a la colaboración". Actuaciones como esta, en una situación normal, hubieran significado el cese o la destitución de su protagonista.

Llama la atención la actuación de la consejera de Trabajo, la socialista María Jesús San José, arrogándose el papel de submarino del Gobierno español