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conozco a gente que tras semanas de consumismo desenfrenado y despendole incontenible, cuando van al cajero a sacar dinero caen en la cuenta de que, a lo largo de los últimos tiempos, han actuado de forma irresponsable sin considerar las consecuencias, tan directas como innegables, de su irrefrenable pasión consumista.

Algo similar, salvadas las distancias, le ha ocurrido a la sociedad vasca con el drama del vertedero de Zaldibar, que a la vez que enterraba dos vidas (confío en pronto hallazgo) desenterraba, afloraba mejor dicho, una debilidad de nuestra sociedad y de nuestro sistema productivo, la gestión de los residuos industriales. Cuestión a la que, como sociedad, poca o nula atención hemos prestado hasta que, fatídicamente, un deslizamiento nos ha puesto frente al espejo de nuestras miserias.

Paradójicamente, ninguno, incluso aquellos que utilizan la cuestión para desgastar políticamente al Gobierno de turno, han planteado en el pasado reciente preocupación, menos aún planteamientos alternativos, por la gestión de los residuos industriales, limitándose siempre a la gestión de los residuos domésticos.

Ahora, una vez más, según algunos, la solución pasa por una gestión pública de los residuos, domésticos e industriales, al estimar que una cuestión tan importante como ésta no puede estar en manos de empresas que, cómo no, son por naturaleza agentes carroñeros cuyo único fin es especular y exprimir a todos con el ánimo de lograr el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Por ello, según ellos, la gestión de los residuos debiera ser pública.

Similar planteamiento nos presentan para la sanidad, aunque en los convenios colectivos se pelee por complementar la sanidad pública con seguros privados, también para la educación, mientras muchos de sus hij@s acuden tranquilamente a centros concertados.

También para el sistema de pensiones, mientras sus correosos sindicatos plantean EPSVs para complementar el sistema público de pensiones; y para la gestión de residencias de mayores o guarderías para los niños, aunque sus chiquillos o abuelos vayan a residencias o guarderías privadas. Incluso para la gestión forestal nos plantean una gestión pública que supere la codicia de los malvados forestalistas privados emperrados en esquilmar la madre tierra con sus plantaciones de pinos y eucaliptos. Y así podría seguir con otros muchos aspectos de la vida social y económica para los que algunos sólo ven la gestión pública como solución posible.

Considero, equivocadamente seguro, que estos planteamientos de gestión pública más que en un afán publificador, que también, evidencian una total desconfianza en el buen hacer de sus convecinos, de sus agentes, asociaciones, entidades y sociedad en general y la creencia de una incapacidad de congeniar el bien social con la actividad económica o de una leal colaboración público-privada.

Por todo ello, visto lo visto, me parece que mucho, demasiado diría yo, está tardando alguno para plantear que una cuestión tan importante para nuestra vida, la alimentación, no haya que quitarla de las garras de los agentes privados y trasladar dicha cuestión a la esfera pública que, al parecer, todo lo sana.

Así, les plantearía que defiendan públicamente que el Gobierno de turno expropie todas las tierras y las pase al patrimonio público, que sea la administración pública quien planifique el uso y gestión de dichas tierras en función de las necesidades alimentarias de la población, previamente calculadas por otra entidad pública, y que sea el Gobierno como mejor garante de las condiciones de trabajo de su población quien acoja en su seno a todos los hasta ahora agricultores-ganaderos y forestalistas, mediante la subrogación de plantillas para que así nuestros productores pasen a formar parte del paraíso funcionarial de las 35 horas, permisos sociales por doquier y 14 pagas fijas.

También que sea la administración quien publifique los puntos de venta y distribución para mejorar los precios de compra de un consumidor, mayoritariamente funcionarial y, puestos a plantear escenarios públicos, que sea el propio Gobierno quien planifique nuestro consumo alimentario, diseñe nuestra dieta y eso sí, imponga las penalizaciones pertinentes a todos aquellos que no cumplan con los mandatos públicos cuyo fin último son la mejora de su salud.

Quizás el planteamiento aquí propuesto sea excesivo incluso para los acérrimos defensores de lo público, pero creo que es el escenario final hacia el que nos quieren dirigir algunos o al menos es lo que atisbo en algunos planteamientos de todas esas gentes y asociaciones que, día sí y día también, se dedican a difamar el buen trabajo de la gente y de la iniciativa privada, exceptuados los canallas que los hay, también en lo público y que emprende, trabaja y arriesga su patrimonio privado.

Alguno pensará que me he pasado de frenada en mis planteamientos, pero mucho me temo que, viendo los planteamientos que determinada gente expone a diario, el objetivo no sea otro que ese. El paraíso público.

Mucho tiempo está tardando alguno en plantear que se quite la alimentación de las garras de los agentes privados