​DONOSTIA - La Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno vasco ya ha concluido su informe sobre la legalifdad de los contratos realizados por el instituto para la memoria Gogora con las empresas Montai Produkzioak, Denok Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak. Como principal conclusión cabe decir que los tecnicos de la oficina no ven “irregularidades de ningún tipo” en los 61 contratos realizados entre los años 2013 y 2019. Solamente evidencia algunos errores e incorrecciones técnicas de carácter procedimental y administrativo en algunos expedientes, así como ausencias puntuales de documentación. Sin embargo, el documento no aprecia ninguna actuación fuera de la ley en estas adjudicaciones públicas a las citadas empresas.
Preguntado por este asunto, el portavoz del Gobierno vasco aseguró ayer que “El Informe es muy exhaustivo y no recoge ningún tipo de práctica ilícita. En alguno de los expedientes analizados, se ha identificado algún tipo de error de carácter procedimental o administrativo”, explicó, Según Erkoreka,”tras analizar toda la documentación y los procedimientos seguidos, el Informe de la OCE, además, plantea varias recomendaciones de mejora que, les avanzo ya, vamos a incorporar al procedimiento administrativo regular de contratación de este Gobierno”.
La investigación de la OCE para analizar el procedimiento utilizado durante seis años para la contratación de los servicios y suministros de las empresas citadas y verificar si se ajustó a la legalidad concluye que todo el proceso se realizó de acorde a la normativa vigente en cada momento, a pesar de algunos errores puntuales. Un texto interno de Gogora ya había concluido que no hubo ilegalidad alguna en las adjudicaciones, hipótesis que el nuevo informe corrobora. No se ve ilegalidad en el fraccionamiento de contratos o en contratar a empresas del mismo grupo.
El documento de la Oficina de Control de Lakua analiza 61 expedientes de Gogora, algunos de ellos relativos a más de un contrato, y verifica que 45 de ellos cumplieron con todas las exigencias de la normativa vigente. En cuanto a los 16 restantes, no se realizaron fuera de la legalidad pero sí presentan fallos relativos a falta de certificados o documentos, que hubiera un único licitador o que algún informe requerido estuviera incompleto.
Estas adjudicaciones que han estado bajo lupa son contratos menores, que desde 2013 hasta 2018 eran los que no superaban los 18.000 euros, mientras que a partir de 2018 el límite se redujo a 15.000, siempre de acuerdo a la normativa sobre contratación pública española. Respecto a los contratos que presentan incumplimientos menores, la OCE realiza una serie de recomendaciones al Gobierno vasco “a fin de procurar una adecuada gestión y transparencia en la contratación mediante contrato menor” a futuro. En primer lugar, sugiere a la Administración que planifique “la actividad a desarrollar en el medio plazo por los diferentes órganos gestores” para “conocer con antelación las necesidades a las que hacer frente”, todo ello con el objetivo de ir reduciendo “sensiblemente” los contratos menores de adjudicación directa. Asimismo, pide al Instituto Gogora un informe justificativo de que “no se ha alterado el objeto del contrato fraccionándolo ilícitamente” y de que el contratista no ha suscrito más contratos menores que los que permite la ley. A futuro, la Oficina de Control Económico también recomienda que se intenten obtener “al menos tres ofertas” para asegurar la adecuación al precio de mercado, así como la justificación de la selección de la oferta de mejor relación calidad-precio.
contratos con incorrecciones Respecto a los contratos con errores técnicos o falta de documentación, dos de ellos -relativos a una recepción del lehendakari y a una jornada de reconocimiento a las víctimas del franquismo realizados por Denok y Montai- superan el importe máximo establecido para contratos menores, pero se interpretaron como diversas prestaciones individualizadas en las que se permitía su ejecución por separado. Asimismo, en otros dos expedientes se entregó una documentación necesaria con fecha posterior a la de la factura.
El informe de la OCE también hace referencia a contratos con Montai relacionados con una serie de exposiciones de Gogora bajo el nombre Plaza de la Memoria, en cuyas primeras ediciones “se procedió a la contratación sucesiva mediante contratos menores” al desconocerse la acogida y el número de ayuntamientos que iban a sumarse posteriormente. De cualquier manera, el texto no aprecia incorrecciones de ningún tipo “al realizar las contrataciones por exposiciones y distintos proveedores en cada exposición”.
Sobre errores y falta de documentación en las adjudicaciones de Gogora, en el informe se incluyen cuatro ediciones de Plaza de la Memoria que contienen “un error material” en el importe de la adjudicación que sin embargo no se trasladó al contrato. Asimismo, se hace referencia a una exposición universitaria con Montai en la que el expediente está incompleto al no constar la motivación de la necesidad del contrato. Por último, el texto amonesta a Gogora por otros contratos de Plaza de la Memoria en los que “se presentó un único licitador” y la resolución de adjudicación “no figura en el perfil del contratante”. El informe fue solicitado por propia iniciativa por el Gobierno vasco y se remitirá al Tribunal de Cuentas y a la Comisión de Ética. La propia directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, ofrecerá explicaciones en el Parlamento Vasco el día 17.l
