dOnostia - Pedro Sánchez ya tiene deberes sindicales sobre su mesa y no se los ha puesto cualquiera, sino el sindicato al que históricamente ha estado ligado el PSOE. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, compareció ayer en Madrid 24 horas después de la investidura para fijar los objetivos de la central de cara a la legislatura. Álvarez confirmó que la música del Gobierno central le "suena bien" aunque falta negociar "la letra" con los agentes sociales y advirtió de que hay cuestiones que se pueden aprobar con carácter inmediato -en el primer consejo de ministros- sin necesidad de que se produzca un gran acuerdo que incluya a los empresarios.
Es el caso de la derogación de algunos aspectos de las últimas reformas del marco laboral y de las pensiones. Pero también estima que es urgente convocar a los agentes sociales para hablar del Salario Mínimo Interprofesional de este año. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos recoge un compromiso para que la referencia que fija el suelo de los sueldos aumente gradualmente durante la legislatura hasta los 1.000 euros. UGT quiere ir más allá. Considera que el nivel de los 1.000 euros se debe alcanzar ya este año y seguir avanzando hasta que se sitúe en el 60% del salario medio en 2023. En ese caso, la legislatura se cerraría en los 1.150 euros, según los cálculos del sindicato.
espadas en alto Si la última subida del SMI, que pasó de 735,9 a 900 euros el año pasado, ya contó con el rechazo frontal de la CEOE, el planteamiento de UGT y las intenciones del Ejecutivo no dejan resquicio para el entendimiento en este ámbito y siembra dudas sobre la posibilidad de que se alcancen acuerdos que incluyan a los empresarios en el resto de cuestiones ligadas al diálogo social.
La patronal no ha ocultado que la coalición entre socialistas y Podemos está en las antípodas de sus preferencias políticas, pero asegura estar dispuesta a sentarse y hablar de todo siempre que se busque el máximo consenso posible. Una tarea más que compleja a tenor de los diferentes puntos de partida de los agentes implicados y la predisposición del Ejecutivo a moverse más en la órbita sindical. La presión de los sindicatos al Gobierno se está notando desde el primer minuto y el precedente de la última reforma de las pensiones, en la que solo aparecieron en la foto el Partido Popular y la CEOE, es una losa demasiado pesada para la negociación.
De hecho, el secretario general de UGT aseguró ayer que se puede aprobar ya, sin esperar al diálogo social, la derogación de las reformas de pensiones de 2013 y volver a la normativa que había en 2011, que sí fue consensuada tanto por la patronal como por los sindicatos. Si se tumba esa reforma se eliminarían cuestiones como la revalorización del 0,25% o el factor de sostenibilidad que permite recortar las nuevas jubilaciones en función del aumento de la esperanza de vida. Son los aspectos que ya anuló temporalmente el anterior gobierno de Pedro Sánchez y que los sindicatos quieren eliminar de la ecuación antes de que se abra la puerta del Pacto de Toledo para la negociación de la nueva reforma.
Álvarez indicó que le gustaría que se derogaran los cambios introducidos en 2013 en el primer consejo de ministros del nuevo Ejecutivo.
El mismo deseo expresó con otra cuestión espinosa, el artículo del Estatuto de los Trabajadores que avala el despido objetivo de un trabajador que falte el 20% o más de días laborables en su centro de trabajo de forma justificada durante dos meses. En este punto, al que los sindicatos se refieren como el despido por estar enfermo, Álvarez se mostró muy crítico con los empresarios.
El líder de UGT considera que "no es de recibo" el silencio de la CEOE ante el despido de "centenares de miles de personas" por acumulación de bajas. En su opinión, la patronal debería "pensar en las personas" y afirmó que derogar ese artículo "no es objeto de debate", porque "cuando hay grandes injusticias, hay que cortarlas de raíz".
"He notado una falta de un mínimo de humanidad por parte de la CEOE al no reprochar a las empresas que hayan despedido a trabajadores por esta cuestión. Este país no se puede convertir en una jungla en la que una persona por estar más de ocho meses de baja pueda ser despedida", apostilló.
900
euros es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en estos momentos. Se trata de la cantidad mínima que debe pagar un empresario a un trabajador contratado a tiempo completo y la referencia de muchos convenios en el Estado. Su impacto es menor en Euskadi.
La anterior subida. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el año pasado la mayor subida del SMI desde 1977, con un incremento de más de un 22% desde los 735,90 euros al mes hasta los 900 euros actuales.
1.000
euros mensuales es el objetivo de SMI que se ha marcado el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos para el final de la legislatura. La idea es negociar con los agentes sociales una subida escalonada de aquí a 2023.
La presión de UGT. El sindicato que dirige Pepe Álvarez planteó ayer alcanzar los 1.000 euros este año y fijar el objetivo de llegar a los 1.150 euros esta legislatura, lo que supondría situar el SMI en el 60% del salario medio del Estado.
