La Sade recurre contra la orden que declara monumento el Bellas Artes
La propietaria del edificio asegura que el Gobierno Vasco no ha analizado el coste económico que suponer proteger el inmueble
Donostia - El culebrón del Bellas Artes no solo no termina sino que se han encargado nuevos capítulos. La empresa Sade, propietaria del Bellas Artes, que ha presentado recientemente una petición de indemnización de 13,7 millones de euros al Ayuntamiento por los costes de la “vinculación singular” de edificio, ha elevado también un recurso de reposición en contra de la orden del Gobierno Vasco, que declaró el 6 de marzo pasado el edificio como Bien Cultural con la categoría de Monumento en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.
La empresa propietaria de cines pide a Lakua que anule la citada orden y que vuelva a rehacer el expediente incluyendo una valoración económica de los costes de “las reformas de la estructura y cimentación” necesarias para poder dar un uso al inmueble, así como de la “adecuación a las normativas de accesibilidad, de edificación etc... que sería necesario cumplir en caso de reutilización del edificio”.
En su recurso de reposición, la Sade solicita también que se valorare “el posible coste de la indemnización patrimonial” que le correspondería como propietaria por las restricciones que añade la orden a los “actuales derechos constructivos que le otorga el actual planeamiento municipal”. La catalogación del Gobierno Vasco es más estricta en algunos aspectos que el Plan General de Ordenación Urbana de Donostia y el Plan Especial de Patrimonio Urbano Construido (Peppuc) y, según sostiene la Sade, acota aún más las posibilidades de utilizar el edificio para algo rentable.
Así las cosas, la posibilidad de que el centenario cinematógrafo, el más antiguo de Euskal Herria, se transforme en un hotel con dos plantas más que el edificio actual, como se preveía en la pasada legislatura municipal, parece enterrada. El presente del edificio queda enredado entre las decisiones de distintas administraciones públicas y su futuro se enmaraña más aún ya que llegará a los tribunales, con lo que su futuro es todavía más incierto.
Los grupos políticos del Ayuntamiento se han mostrado a favor de acudir a los jueces para defenderse de la petición de una elevada indemnización por parte de la Sade y han abogado por defenderse ante los tribunales para que la ciudad no tenga que pagar los 13,7 millones de euros que reclama. Sin embargo, por el momento, el Gobierno municipal no ha dado a conocer los argumentos que empleará para defenderse, aunque ha dicho que la reclamación solicitada es “un despropósito”.
El nuevo frente abierto por la Sade contra la orden del Gobierno Vasco complica aún más el asunto ya que, en función de la respuesta de Lakua, la controversia sobre la protección del edificio (y lo que le cuesta a su propietaria) podría terminar también en tribunales. Además, la Sade advierte a Lakua de que también le reclamará una indemnización, aún sin concretar, equivalente a las pérdidas económicas suplementarias derivadas de la catalogación como monumento.
aclaraciones La propietaria del edificio critica el “confusionismo” del texto gubernamental y pide que precisen algunos aspectos como, por ejemplo, si se pueden o no construir las dos plantas suplementarias que autoriza el planeamiento municipal, la altura máxima que podrían alcanzar y los posibles condicionantes con los que se deben construir, así como el sistema de accesos.
La sociedad también pregunta si será necesario respetar los forjados y escaleras en su integridad o si se pueden eliminar para facilitar el acceso a las plantas existentes o futuras. También reclama que se concrete cómo pueden abrirse las ventanas que, según la orden del Gobierno Vasco, quedarían permitidas si las autoriza el Consejo Asesor de Patrimonio Monumental.
Finalmente, pide que la administración vasca aclare a si es ella o el Ayuntamiento quien tiene que abonar la posible indemnización por “vinculación singular”, con el fin de dirigir la reclamación a la administración responsable. Por ahora, el departamento de Cultura ha recordado que su orden debe ser automáticamente insertada en el Peppuc y cree que, como el Ayuntamiento no ha recurrido en contra de ella, se da por hecho que está de acuerdo y asume su contenido, con todas sus consecuencias, incluida una posible indemnización.