La catalogación del Bellas Artes permite ahora abrir nuevas ventanas en las fachadas

donostia - El edificio del Bellas Artes, cuya propietaria ha solicitado una indemnización al Ayuntamiento de 13,7 millones de euros por considerar que no puede llevar a cabo ninguna actuación rentable en él, sí podría abrir huecos en su fachada, según la declaración emitida el pasado mes por el Gobierno Vasco, que inscribe el palacio Bellas Artes como Bien Cultural con la categoría de Monumento en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

La orden de la consejería de Cultura del 6 de marzo señala que la apertura de nuevos huecos en la fachada exterior, “que fuesen necesarios en una reutilización compatible con el edificio protegido”, serán “admisibles” en determinados supuestos, lo que eliminaría uno de los obstáculos para que el centenario edificio pueda acoger algún tipo de uso que a su propietaria, la empresa Sade, le resulte viable. La apertura de nuevas ventanas en las fachadas, sin embargo, tendría que ser propuesta por la Diputación de Gipuzkoa y sometida a un informe del Consejo Asesor de Patrimonio Arquitectónico Monumental de Euskadi.

Por otra parte, la orden del Gobierno Vasco detalla los “usos preferentes compatibles con el edificio” y cita los relacionados con los espectáculos públicos y las actividades recreativas. Asimismo, considera “compatibles” los usos terciarios, tales como los comerciales y hoteleros, los de equipamiento, como socioculturales e institucionales, y en parte del edificio, los administrativos y de oficinas. La orden concreta que también sería compatible “en su caso, y en parte del edificio, el uso residencial”.

Este tipo de actuación, sin embargo, queda excluida de las posibilidades del edificio (que contaba con una vivienda para el portero), ya que el solar fue catalogado como terciario por el Plan General y no puede admitir nuevos pisos, según la normativa municipal, a pesar de que el Gobierno Vasco no prohíba esta posibilidad en su declaración de protección cultural del edificio.

“vinculación” La prohibición de que el inmueble pueda acoger usos residenciales es uno de los argumentos empleados por la Sade, además de otros derivados de la estricta protección del edificio, para solicitar al Ayuntamiento una elevada indemnización por “vinculación singular”, cifrada en 13,7 millones de euros.

Esta reclamación no se dirige al Gobierno Vasco sino, por ahora, solo al Consistorio. La Sade considera que los informes jurídicos de Lakua en respuesta a sus alegaciones contra la declaración de Bien Cultural atribuyen al Consistorio el posible pago de la indemnización. La empresa señala que el Consistorio no ha presentado alegaciones en contra de esta declaración, a diferencia de lo que ha hecho ella, y que el Plan Especial de Patrimonio Urbano Construido (PEPPUC) de Donostia prevé que todo elemento calificado como Bien Cultural se incluya en este documento de protección municipal.

La petición de indemnización remitida por la Sade al Consistorio cuenta con un informe de peritaje firmado por el arquitecto Joaquín Zubiria que establece un “valor compensatorio por las restricciones establecidas por el planeamiento urbanístico”. Para calcular esta cifra emplea el valor del suelo estático, el valor del mercado y el coste de construcción. Asimismo, aplica diferentes supuestos para el edificio como equipamiento privado (de usos culturales) y como posible local de hostelería y discoteca. A pesar de ello, recalca que las cifras podrían variar a causa de la confusión que envuelve lo que se puede o no hacer en este inmueble.

El peritaje señala que algunos puntos de obligada protección como el los espacios interiores de la sala de proyecciones y la sala de ensayos, entre otros elementos constructivos, hacen “inviable cualquier intervención, obligando a mantener el edificio en su actual estado”.