Los ministros de Interior de la Unión Europea han consensuado este viernes la base de su posición negociadora con el Parlamento Europeo para la reforma del Código Schengen, si bien España no ha dado su apoyo a la redacción del texto al considerar que pone en riesgo los principios del espacio de libre circulación al no limitar la reintroducción de controles internos a situaciones excepcionales.
La Comisión Europea propuso el pasado diciembre revisar las reglas del Código de fronteras Schengen para agilizar el cierre coordinado de fronteras tanto interiores como exterior en casos de crisis sanitarias o de presión migratoria que consideren ponen en riesgo la seguridad en la UE.
También defendió la necesidad de aclarar los supuestos y plazos para reintroducir los controles interiores, que el código limita a situaciones muy precisas y temporales, dado que hay al menos cinco países que mantienen estos controles de manera constante desde 2015, entre ellos Francia y Alemania, sin consecuencias.
En este contexto, una "amplia mayoría" de países han respaldado el texto de consenso que permitiría iniciar las negociaciones con la Eurocámara pero que no gusta ni a España ni a otros países como Polonia, Hungría y Eslovenia, según han indicado a Europa Press fuentes europeas.
En el caso de España, el ministro Fernando Grande-Markaska ha lamentado en el debate con sus socios que la posibilidad de introducir esta vigilancia reforzada deje de ser una opción de último recurso y excepcional y pase a considerarse una opción "igualmente válida" con la posición convenida a Veintisiete.
"No es socavando la esencia de Schengen como reforzaremos nuestra seguridad, salvo que se piense que no todos los Estados miembros somos iguales", ha defendido Grande-Marlaska ante sus colegas europeos, según un comunicado difundido por el Ministerio al término de la reunión europea.
España defiende que la libertad de movimiento y la ausencia de controles fronterizos son dos elementos "absolutamente compatibles con la seguridad" y lamenta que el bloque avance hacia una reforma que haga que estos controles "no sean excepcionales".
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya avisó en una sentencia del pasado abril de que la existencia de una amenaza grave para el orden público sólo permite a un Estado miembro cerrar su frontera interior durante un periodo máximo de seis meses y que cualquier prórroga que exceda ese plazo contraviene el Código de fronteras Schengen.
