- Uno de los letrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) -el español Manuel Campos Sánchez-Bordona- avaló ayer el mecanismo para vincular el desembolso del presupuesto comunitario con el cumplimiento de los valores del Estado de derecho. De esta forma, el jurista desestimó los recursos que Polonia y Hungría -ambos con expedientes abiertos con Bruselas por violar estos principios- habían llevado a los tribunales europeos. El letrado consideró que “este régimen fue adoptado sobre una base jurídica adecuada, es compatible con el artículo 7 del tratado de la Unión Europea y respeta el principio de seguridad jurídica”. Aunque la opinión del abogado general europeo no tiene por qué coincidir con la sentencia final sobre la disputa en curso, el juez suele coincidir con ella en un 80% de los casos. La sentencia final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea previsiblemente se emitirá durante el año 2022.
“La protección de los destinatarios finales de los programas de gasto financiados con cargo al presupuesto de la Unión es una medida típica y lógica en la gestión compartida de esos fondos”, recalcó el letrado, que señaló que el reglamento polémico no afecta a todas las vulneraciones del Estado de derecho sino solo a las que tengan una conexión directa con la gestión del presupuesto de la Unión.
El caso se remonta a los momentos finales de las negociaciones para el presupuesto comunitario plurianual 2021-2027, en diciembre de 2020, cuando Hungría y Polonia se opusieron frontalmente a la voluntad del resto de socios de la Unión Europea de introducir condiciones al desembolso relacionadas con el cumplimiento de los valores europeos.
En concreto, el mecanismo ideado permitía paralizar el desembolso de fondos comunitarios, de los que Budapest y Varsovia son importantes receptores, cuando se detectaran violaciones de los principios del Estado de derecho -como la independencia judicial, la igualdad ante la ley o la separación de poderes- que afecten directamente al buen uso del dinero.
El Gobierno húngaro volvió a rechazar la condicionalidad del respeto del Estado de Derecho para obtener fondos europeos, que calificó de “chantaje”, después del aval que recibió ese mecanismo por parte del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE. “El Gobierno húngaro insiste en su postura y confía en que el Tribunal basará su sentencia en argumentos legales y en el sentido común”, aseguró la ministra húngara de justicia, Judit Varga, que añadió que el Gobierno húngaro espera que el TJUE no aplique el “erróneo argumento” del abogado y que anulará el mecanismo o llamará al legislativo comunitario a que lo modifique. “Decimos no al chantaje del Estado de Derecho”, agregó.
La oposición húngara, por su parte, respaldó la decisión y la eurodiputada izquierdista de la Coalición Democrática, Klára Dobrev, aseguró que se trata de “un nuevo paso histórico en defensa del Estado de Derecho en Hungría”.
“El Gobierno húngaro insiste en su postura y confía en el sentido común del Tribunal”
Ministra húngara de Justicia
“Este dictamen es una enorme bofetada para los gobiernos húngaro y polaco”
Eurodiputada húngara liberal
