- El régimen disciplinario de los jueces en Polonia no es conforme al Derecho europeo, según dictaminó ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La corte con sede en Luxemburgo dio la razón a la Comisión Europea, que denunció que el nuevo régimen disciplinario aplicable a los jueces del Tribunal Supremo polaco y de las jurisdicciones de derecho común vulnera la legislación comunitaria. Bruselas se dirigió al Tribunal de la Unión para hacer constatar que, al adoptar ese régimen, Polonia había infringido las obligaciones a las que le obliga el Derecho de la UE.
En su sentencia el tribunal avaló los argumentos formulados por la Comisión y constató que Varsovia ha infringido las obligaciones derivadas de la legislación europea.
La corte sostiene que, teniendo en cuenta las reformas en el poder judicial en Polonia -que incluyen la creación de la sala disciplinaria del Supremo-, no se ofrecen todas las garantías de imparcialidad e independencia y, en particular, la Justicia no queda inmune a las influencias directas o indirectas de los poderes legislativo y ejecutivo.
El proceso de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, incluidos los de los miembros de la sala disciplinaria, dice el tribunal, está determinado sobre todo por un órgano, el Consejo Nacional de la Judicatura, “cuya independencia puede dar lugar a dudas legítimas”. También subraya la circunstancia de que la sala disciplinaria debe estar compuesta exclusivamente por nuevos jueces que aún no formaban parte del Tribunal Supremo y el hecho de que se beneficien de una remuneración muy alta y de un grado de especial autonomía organizativa, funcional y financiera, en relación con las condiciones en el resto de las cámaras jurisdiccionales.
Además, el régimen aplicable permite que el contenido de las decisiones judiciales de los jueces de los tribunales ordinarios pueda calificarse de falta disciplinaria lo que, según la corte europea, podría ser utilizado con fines de control político sobre las decisiones judiciales o para hacer presión sobre los jueces, influir en sus decisiones y socavar su independencia. Para la Justicia europea, Polonia no ha garantizado que los casos disciplinarios contra jueces sean examinados en un plazo razonable y no ha asegurado el respeto de los derechos de defensa de los magistrados.
El hecho de que los jueces nacionales corran el riesgo de un proceso disciplinario si deciden llevar una cuestión prejudicial al Tribunal de la UE atenta no solo contra su derecho y obligación de interrogar a la corte, sino también contra el sistema de cooperación entre los tribunales nacionales y el Tribunal de la UE que consagra el Tratado de la Unión, dice la sentencia.
En este contexto, el Tribunal Constitucional (TC) polaco ha retrasado hasta el 3 de agosto la lectura de su sentencia en torno a la preeminencia del Derecho polaco sobre el de la Unión Europea, tras suspender la vista el pasado día 13 y programar su continuación para ayer. El nuevo retraso se produjo sin ningún anuncio oficial ni justificación aparente y la página web oficial del TC reflejaba el cambio en el orden del día y la modificación en su calendario. El panel de cinco jueces presidido por la presidenta del TC, Julia Przylebska, tiene previsto retomar la vista a las 10.00 horas del 3 de agosto.
El procedimiento se inició a raíz de una pregunta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, quien reclamó una aclaración entre las jurisdicciones del Derecho polaco y el europeo en casos de conflicto. En su petición, Morawiecki aludía a “dudas constitucionales de gran alcance y justificadas, que no encuentran confirmación en el texto de los tratados” de la UE.
Por otro lado, la Comisión Europea (CE) abrió ayer procedimientos de infracción contra Hungría y Polonia por discriminar al colectivo LGTBIQ. El procedimiento contra Hungría está motivado por la polémica ley que prohíbe hablar de homosexualidad en los colegios y en los medios de comunicación, mientras que el de Polonia se debe a la declaración de “zonas libres de ideología LGTBIQ”.
En concreto, Bruselas envió a Budapest y Varsovia cartas de emplazamiento, el primer paso en el procedimiento de infracción, que en última instancia puede terminar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Bruselas destacó en un comunicado que los expedientes están relacionados con “la igualdad y la protección de los derechos fundamentales”.
Varsovia y Budapest tienen dos meses para responder a Bruselas. Si no lo hacen, la CE podrá remitirles un dictamen motivado y, más adelante, llevar el caso al TJUE.
