Los países de la Unión Europea (UE) adoptaron este lunes la Garantía Infantil Europea, una serie de recomendaciones para que los Veintisiete combatan la pobreza y la exclusión social entre los niños garantizando, por ejemplo, el acceso a servicios básicos como educación, sanidad o vivienda.

La iniciativa, que recibió el visto bueno de los ministros de Empleo comunitarios reunidos hoy en Luxemburgo, obliga a los Estados miembros a que presenten en nueve meses a la Comisión Europea un plan de acción para implementar estas medidas de aquí a 2030.

En la UE hay 18 millones de menores de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión social y se prevé que la crisis del covid-19 exacerbe aún más las desigualdades, recordó el Consejo en un comunicado.

En concreto, la recomendación pide a los países que desarrollen un marco político para luchar contra la exclusión social y que identifiquen las barreras financieras y no financieras que impiden a los niños recibir educación y cuidados tempranos o acceder a actividades escolares.

Llaman a proporcionar a los niños en riesgo al menos una comida saludable al día, a garantizar que tienen materiales educativos, incluyendo herramientas digitales, libros o uniformes, a proveerles de un medio de transporte hacia sus escuelas y a garantizar que tienen un acceso igualitario a actividades escolares, incluidas excursiones, deportes y otras actividades culturales.

Piden, por otra parte, desarrollar programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades dirigidos a los niños que lo necesiten y sus familias, y a dar a estos acceso prioritario y a tiempo a viviendas sociales.

Informar cada dos años

Los Estados tendrán que informar a Bruselas cada dos años de cómo avanzan en la aplicación de esta Garantía, que es parte esencial del llamado Pilar Europeo de Derechos Sociales.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, consideró que se trata de un “instrumento importantísimo para luchar contra la pobreza infantil en el seno de la UE” y confió en que “pronto” pueda dar resultados.

“Para España este instrumento es una prioridad. La pobreza infantil no habla bien de ningún país en estos momentos y creemos que es una medida que sirve para avanzar. La Garantía Infantil tiene que ser un estímulo para que todos los países europeos intensifiquemos esfuerzos en una lucha, que debe ser permanente, contra la pobreza infantil”, dijo Díaz durante el debate ministerial.

Está previsto que, dentro del nuevo Fondo Social Europeo para el periodo 2021-2027, dotado con 80.000 millones de euros en total y quu Bruselas empezará a repartir el próximo mes de julio, los Estados que tengan un riesgo de pobreza o exclusión social infantil superior a la media comunitaria tendrán que destinar al menos un 5% de su dotación de este fondo a combatir esta lacra.