- El Gobierno neerlandés liderado por Mark Rutte ejerce desde ayer en funciones, por lo que prácticamente solo podrá gestionar las cuestiones relativas a la pandemia y la campaña de vacunación, mientras Países Bajos se prepara para ir a las urnas a elegir un nuevo gabinete entre caras ya conocidas.

A dos meses de los comicios generales, la dimisión en bloque del Ejecutivo de La Haya se ha entendido en Países Bajos como un gesto político simbólico para asumir responsabilidades por el escándalo de las ilegalidades cometidas desde 2014 por la Agencia Tributaria, que acusó sin fundamento de fraude a 26.000 familias, en su mayoría migrantes.

El analista neerlandés Diederik Brink subraya que la permanencia de Rutte al frente del gabinete “se vio dificultada” cuando dimitió el líder del socialdemócrata PvdA, Lodewijk Asscher, que, entre 2012 y 2017, fue viceprimer ministro de Rutte y su ministro de Asuntos Sociales, departamento que se encarga de la aplicación de la Ley de Cuidados Infantiles por las que se aprueban las ayudas a las familias con hijos.

Los padres se vieron en una situación de vulnerabilidad, y por mucho que trataban de demostrar que no habían cometido un fraude, las autoridades no desbloqueaban sus ayudas y les pedían devolver grandes cantidades de dinero, lo que condujo a muchos a convivir con pérdidas de trabajo, de casa y divorcios.

Al caer el Gobierno en su totalidad, añade Brink, todos los ministros pierden “lo que se llama su condición de electos”, por lo que pasarán a estar en funciones, y “no pueden proponer nuevas políticas, algo que habría sucedido de todas maneras en el periodo previo a las elecciones”.

Cuatro semanas antes de las elecciones, previstas para el 17 de marzo, se produce la disolución de las Cortes, y el Gobierno pasa a estar en funciones, por lo que su dimisión solo ha adelantado ese estado un mes y ha permitido a Rutte asumir sin grandes consecuencias prácticas que “las cosas se hicieron mal”.