La primera Fiscalía europea vigilará los fondos y la recaudación del IVA

Bruselas acelera la constitución del organismo y prevé celebrar la primera reunión en septiembre

10.08.2020 | 23:45
La fiscal general europea, Laura Kövesi. Foto: Efe

donostia – Tras varios meses de retraso, Bruselas ha pisado el acelerador este verano para poner en marcha la Fiscalía europea, un organismo sin precedentes en la historia de la Unión Europea. El Consejo de la UE nombró a finales de julio a los 22 miembros que integran el colegio de fiscales, entre ellos, la fiscal española Concepción Sabadell Carnicero, una de las encargadas de la investigación del caso Gürtel. Y a principios de septiembre, si la pandemia lo permite, se celebrará la primera reunión del colegio bajo presidencia de la fiscal general europea, Laura Kövesi.

Por primera vez, la UE dispondrá de un órgano fiscal centralizado para investigar, procesar y llevar a juicio a los presuntos autores de delitos que dañen los intereses financieros del club comunitario. La vigilancia se centrará en la gestión de los fondos europeos, incluido el recién creado fondo de recuperación, y en la recaudación del IVA, según informó El País.

La Fiscalía europea tendrá en el punto de mira el fraude en la gestión de los fondos europeos, que ronda los 500 millones de euros al año, o el fraude transfronterizo en el cobro y liquidación del IVA, cuyas pérdidas se cifran en unos 100.000 millones de euros anuales. Muchos de esos delitos, lamenta Bruselas, quedan ahora impunes, entre otras cosas, porque las autoridades nacionales no pueden acometer investigaciones más allá de sus fronteras y porque los organismos europeos, como la Oficina europea de lucha contra el fraude o Europol, carecen de competencias para llevar a cabo investigaciones penales.

La centralización de esas investigaciones en los casos de mayor envergadura supone un enorme salto en materia de derecho de penal, una de las áreas donde la Unión ha tenido más dificultades para avanzar en la integración. Pero el enorme paso adelante no estará exento de dificultades ni, probablemente, de obstáculos en algunas capitales. De hecho, algunos países no se han sumado al proyecto, entre ellos, Hungría y Polonia, dos de los socios donde se sospecha que hay más casos de corrupción ligados al uso de los fondos europeos.

La Fiscalía se ocupará solo de los casos de mayor cuantía. La normativa reserva para la investigación europea los fraudes superiores a los 10.000 euros en el uso de fondos estructurales o subsidios agrícolas y a los 10 millones en el caso del IVA. La investigación, dirigida desde la sede central en Luxemburgo, se hará sobre el terreno. Para ello, la Fiscalía europea contará con dos fiscales delegados en cada país participante. Una vez completada la instrucción del caso, el juicio se llevará a cabo en los tribunales nacionales que correspondan.

De momento, la Fiscalía cuenta ya con el aparato central del organismo, que se ha instalado en Luxemburgo, donde espera contar con una plantilla de más de 100 personas. La fiscal rumana Laura Kövesi, que persiguió de manera implacable la corrupción en su país, fue designada como fiscal general a finales de 2019 por un período no renovable de siete años.

Kövesi, que fue fiscal anticorrupción en Rumanía durante cinco años, se fijó como objetivo la confiscación de activos obtenidos fraudulentamente, que llegó a alcanzar los 2.000 millones de euros durante su mandato. La estructura que diseñó multiplicó por diez el volumen de activos incautados anualmente, según detalló ella misma.

la clave

Modelo híbrido. La Fiscalía nace gracias, en parte, al impulso de España y Francia, que apostaron por el modelo híbrido (fiscal general asistido por un colegio de fiscales). Algunos países se han desmarcado, como Hungría y Polonia, dos de los socios donde se sospecha que hay más casos de corrupción ligados a fondos europeos. Otros, como Suecia y Dinamarca, tampoco participan por considerar que es un paso demasiado ambicioso en la integración europea.

La cifra

2022

La moratoria sobre las restricciones presupuestarias decretada por Bruselas para que los países miembros afronten la crisis del coronavirus con más flexibilidad seguirá en vigor hasta 2022.