la formación del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos abre la posibilidad de presentación y aprobación de los Presupuestos Generales españoles, algo que no ocurre desde 2018 dada la inestabilidad política que ha protagonizado la actividad de las Cortes. Algo reclamado una y otra vez por la Comisión Europea que sistemáticamente ha advertido del riesgo de incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por parte de España al vivir a base de cuentas pública prorrogadas y, por tanto, desfasadas respecto a la evolución de la situación económica, así como de sus perspectivas a futuro. Conviene, pues, analizar cuáles son los condicionantes que como socios de la UE van a tener los redactores de los Presupuestos y los límites que Bruselas puede poner a los legisladores españoles en diversos indicadores económicos. Líneas rojas que conoce perfectamente la Vicepresidente de Economía, Nadia Calviño, que hasta su regreso a Madrid para incorporarse al anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez, ocupaba el cargo de Directora General de Presupuestos de la Comisión Europea.
DE PRÓRROGA EN PRÓRROGA 2015 fue el último ejercicio en el que no se incumplieron los plazos ordinarios, y de hecho lo que ocurrió es que el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, adelantó el proceso unos meses para que las cuentas de 2016 fuesen aprobadas antes de la celebración de las elecciones del 20 de diciembre. Los siguientes Presupuestos no fueron aprobados hasta mediados de 2017, lo que supone que hubo una prórroga presupuestaria de medio año, y en el ejercicio posterior ocurrió algo muy similar ya que la ley no entró en vigor hasta el mes de julio. Además, los Presupuestos de 2018 son los últimos que se aprobaron, dado que en 2019 el Ejecutivo de Sánchez no fue capaz de sacar adelante su proyecto. O lo que es lo mismo: la economía española encadena ya tres años con algún tipo de prórroga presupuestaria; va camino de acumular dos años con las mismas cuentas que, además, fueron confeccionadas por un Gobierno radicalmente diferente en su ideología al que ahora está en el poder.
PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO El acuerdo adoptado en 1997 entre los Estados de la UE les compromete a mantener unas finanzas públicas saneadas, como medio para fortalecer las condiciones para conseguir la estabilidad de precios y un crecimiento fuerte y sostenible que favorezca la creación de empleo. El Pacto fija un valor máximo de referencia para el déficit público (3% del PIB) y la deuda pública (60% del PIB). No obstante, se permite que los Estados incurran en déficit excepcionales y temporales superiores a la citada proporción cuando se deba a circunstancias inhabituales ajenas a su voluntad o a una recesión económica grave. En el marco del Pacto, los Estados de la UE que han adoptado el euro deben presentar cada año al Consejo de la UE y a la Comisión Europea un programa de estabilidad con el fin de que ambas instituciones evalúen el grado de cumplimiento del Pacto por parte de cada Estado. Este programa debe incluir la situación respecto de los objetivos de equilibrio presupuestario y de deuda pública, previsiones sobre la evolución de las variables macroeconómicas más relevantes, las medidas que se van a adoptar para alcanzar los objetivos del Pacto y el análisis de los cambios en el escenario económico previsto sobre la consecución de los objetivos.
LOS MIEDOS DE BRUSELAS Las cuentas presentadas por Calviño, antes de formarse el nuevo Gobierno de coalición, el pasado 15 de octubre fueron evaluadas por la Comisión con un veredicto de riesgos significativos de incumplimiento del Pacto. Señalaba que España reducirá su déficit por debajo del 3%, lo que hará que salga del procedimiento del déficit excesivo, pero consideraba que las cuentas españolas reflejaban una “desviación significativa” de la senda de consolidación fiscal: una desviación de los objetivos de déficit. En julio, Nadia Calviño, ministra española de Economía, anunciaba a Pierre Moscovici, anterior comisario de Asuntos Económicos y Financieros, que el Gobierno cambiaba su senda de déficit: del 2,2% al 2,7% para 2018 y del 1,3% al 1,8% en 2019. La razón es que los anteriores objetivos de déficit no eran “realistas”. La explicación que se dio no fue otra que la antigua senda no se podía cumplir, y esta nueva sí por ser más realista. Peor aún es la situación de la deuda, actualmente cifrada en el tercer trimestre de 2019, en el 97,8% del PIB de España. En teoría, y salvo negociación con Bruselas, España tendría que reducir 9.000 millones de euros en gasto para cuadrar los objetivos del Pacto, sin contar que a medio plazo la principal preocupación de Bruselas es la sostenibilidad de las pensiones. Esta es la dura y cruda realidad a la que tendrá que enfrentarse el Gobierno de coalición y Calviño como responsable de las cuentas públicas.
