La Fiscalía y la acusación particular han mantenido este miércoles sus peticiones de once y doce años de cárcel respectivamente para el presunto violador en seriepor una agresión sexual contra una joven, ocurrida el 1 de enero de 2015 en Lasarte-Oria.
En la última jornada del juicio por estos hechos, celebrado desde el pasado lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, la defensa ha demandado la libre absolución de su cliente, un ciudadano rumano que en la actualidad tiene 37 años, al reclamar la aplicación a su patrocinado del principio del derecho a la presunción de inocencia. No obstante, para el caso de que finalmente el tribunal lo considere culpable, ha pedido que se le condene a seis años por una agresión sexual en grado de tentativa con una reducción de uno o dos grados por la aplicación de una eximente incompleta de adicción a sustancias estupefacientes y alcohol.
Los hechos enjuiciados sucedieron pasadas las 7.00 horas del día de Año Nuevo de 2015 cuando, de camino a su casa, la víctima, que entonces tenía 21 años, fue asaltada por la espalda por un hombre que le colocó una prenda con cloroformo en la cara y, tras perder el conocimiento, presuntamente la agredió sexualmente.
Además de formular sus peticiones de penas definitivas, en la sesión del juicio de hoy las partes han presentado sus informes finales ante el tribunal, en las que el fiscal ha asegurado que "todos los datos" que se han puesto de manifiesto durante la vista conducen a que el acusado fue el autor de la violación.
El representante del Ministerio Público ha aludido en este sentido a la existencia de restos de ADN del inculpado en la víctima, así como a las grabaciones de unas cámaras de seguridad que captaron las imágenes de un hombre de la misma estatura que el acusado siguiendo a la chica de camino a su vivienda.
Tras recordar que las antenas de telefonía también sitúan el móvil del encausado en el lugar de los hechos cuando la agresión tuvo lugar, ha precisado que el relato de lo sucedido que hizo la víctima ha sido corroborado también por los análisis forenses que se le practicaron tras la agresión.
El fiscal ha dedicado además gran parte de su intervención a desacreditar que el procesado no recordara lo sucedido debido al consumo conjunto de alcohol, medicamentos y drogas, como ha señalado en el juicio un psiquiatra propuesto por la defensa, quien también mantuvo que el procesado sufre un trastorno de la personalidad y de adicción al sexo.
Un empeño en el que igualmente hecho hincapié la letrada de la acusación particular, para quien el hombre era "consciente" y "recuerda" lo que hizo, al tiempo que ha explicado que tanto en las imágenes de las cámaras de seguridad se le veía "totalmente normal" sin estar afectado por el alcohol cono también ocurre en las fotos y vídeos de otras agresiones sexuales que presuntamente él mismo grabó y que fueron encontradas en su ordenador durante la investigación.
Esta abogada ha incidido además en el daño moral sufrido por la víctima que, según declaró en la vista, vivió con el "fantasma" de su agresor hasta que fue detenido y al que quiso poner cara declarando en su presencia en la sala en este mismo juicio.
Por su parte, la letrada de la defensa se ha aferrado a la "presunción de inocencia" de su cliente y ha mantenido que no existe una prueba "concluyente e indubitada", ni suficiente "prueba de cargo" de que éste llegara a penetrar a la damnificada.
En este sentido, ha alegado que la mayor cantidad de semen de su cliente fue localizado en la ropa íntima de la víctima y ha sugerido que el que se encontró en el interior de sus genitales podría pertenecer a otro hombre con el que la chica había mantenido relaciones consentidas siete días antes.
Esta letrada ha indicado además que el grado de violencia de las violaciones realizadas mediante "sumisión química" es menor que el de otro tipo de agresiones sexuales, al tiempo que ha mantenido que el acusado es un "enfermo" con un problema psiquiátrico "importante" como demuestra el hecho de que captara imágenes de algunas agresiones, las editara con textos y música e incluso mandara uno de estos vídeos a una de sus víctimas.
Tras las intervenciones de las partes, el inculpado ha hecho uso de su derecho a decir la última palabra, en el que ha reiterado su petición de perdón a la víctima y a los padres de ésta, y ha vuelto a manifestar su disposición a indemnizar económicamente a la perjudicada.
