Destapan dos pisos de Irun con 75 personas empadronadas: hay 13 detenidos

Agentes de la Policía Nacional deDonostia han culminado, dentro de la denominada Operación Bezanes, una investigación que se enmarca en la detección de empadronamientos ficticios de ciudadanos extranjeros en viviendas que no constituyen el domicilio real de estas personas y son usadas para la obtención de un certificado de empadronamiento que posteriormente será utilizado con fines fraudulentos.

Según ha informado la delegación del Gobierno en Euskadi, la investigación se inició cuando los agentes descubrieron que en los registros del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Irun, correspondientes a dos viviendas de las calles Pío Baroja y Pintor Berrueta de esa localidad, había registrados un elevado número de personas, así como un continuo trámite de altas y bajas, lo que les hizo sospechar de la existencia de algún tipo de irregularidad en estas inscripciones.

Así, comprobaron que, en el periodo de tiempo comprendido entre junio de 2020 y agosto de 2021, fueron empadronadas como residentes en estas residencias 75 personas, en su mayoría ciudadanos extranjeros, y descubrieron que algunos se encontraban en situación irregular en territorio nacional.

Igualmente, averiguaron que las altas en el Padrón Municipal de todas estas personas habían sido autorizadas, presuntamente, por un ciudadano natural de Pakistán, en calidad de arrendatario de la vivienda.

Así, con las pesquisas llevadas a cabo, descubrieron que 61 de ellos nunca han residido en las citadas viviendas y, de estos, 45 pagaron por la tramitación y mantenimiento de estos empadronamientos ficticios al arrendatario de la vivienda cantidades que oscilan entre los 50 y 100 euros mensuales. De este modo, el beneficio económico obtenido por el sospechoso, en el período aproximado de un año, se cifró en unos 11.500 euros.

FALSIFICACIÓN Y SANCIÓN

En el caso de la vivienda de la calle Pintor Berrueta, los agentes pudieron averiguar que el detenido, presuntamente, falsificó en repetidas ocasiones la firma del propietario de la vivienda para tramitar el empadronamiento de los inscritos, supliendo así su necesaria autorización, hechos por los que también se abrieron las diligencias penales correspondientes.

Además de la responsabilidad penal por estas falsificaciones, al investigado también le fueron tramitados ante la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa dos expedientes por infracciones a la Ley de Extranjería, por los que fue sancionado con multas de 3.507 y 340.034 euros por una infracción grave y muy grave, respectivamente, de esta ley.

En base a todo lo hallado, los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería de Donostia iniciaron, también, las averiguaciones necesarias para determinar los posibles usos fraudulentos que, a posteriori, podrían haberse hecho de los certificados de empadronamientos ficticios así como de los responsables de los mismos.

De este modo, comprobaron que de las 75 personas inscritas de manera fraudulenta como residentes en alguno de los dos domicilios investigados, 22 habían utilizado los certificados emitidos por el Ayuntamiento de Irun para cubrir requisitos esenciales de diferentes trámites administrativos, tanto para organismos estatales como autonómicos.

De estas 22 personas, una de ellas se había valido del certificado ficticio para tramitar el cobro de una prestación económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, beneficiándose de una ayuda social de 14.000 euros, tres para la solicitud de prestaciones sanitarias del Departamento vasco de Salud, y 18 para acreditar fraudulentamente su residencia en territorio nacional con fines de la realización de trámites orientados a la obtención de permisos de residencia en España, incluidos casos de extranjeros que en realidad fueron localizados como residentes en otras Comunidades Autónomas e incluso fuera del territorio nacional.

Por el uso ilegítimo de los certificados de empadronamiento, se detuvo a 13 de las personas empadronadas fraudulentamente, imputándoles presuntos delitos de falsedad documental y estafa. Igualmente, otras 25 personas empadronadas irregularmente en los domicilios examinados se enfrentan a sanciones económicas de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa que oscilan entre los 501 y los 10.000 euros.

La operación continúa abierta de cara a la localización de otros investigados, algunos de los cuales se ha podido comprobar que son residentes en países como Francia, Reino Unido o Argelia, por lo que no se descartan nuevas detenciones.