Un juzgado de primera instancia de Donostia ha suspendido un desahucio de una familia monoparental con cuatro hijos por considerar que reúne los requisitos de vulnerabilidad recogidos en el decreto de "escudo social", cuya vigencia concluye el 28 de febrero.

El Gobierno decidió el pasado octubre alargar la efectividad de las medidas de protección que se aprobaron para los hogares vulnerables que se enfrentan a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual del 31 de octubre al 28 de febrero.

Stop Deshaucios

ha informado este viernes en un comunicado de que la persona afectada por el desahucio en Errenteria, fijado para el 18 de enero de 2022, se puso en contacto con la ONG hace un mes para conseguir ayuda.

El 22 de diciembre presentó en los juzgados de la capital guipuzcoana la solicitud de suspensión junto con la documentación que acreditaba la vulnerabilidad de la afectada.

El decreto de 2020 constituye un "paraguas temporal" que protege a miles de familias en situación precaria que no pueden pagar "los desorbitados precios del alquiler" en Gizpukoa, cuya media se sitúa en 1.137 euros, según datos del Gobierno Vasco, afirma Stop Desahucios.

La ONG exige una nueva prórroga de esta normativa al tiempo que critica la "falta de voluntad" del Gobierno Vasco para imponer controles a la "especulación" de los alquileres y la "escasez de viviendas de alquiler social".