Una sentencia del juzgado número uno de lo Contencioso-Administrativo de Gasteiz vuelve a reconocer el derecho del colectivo del personal docente dependiente del Gobierno Vasco a percibir el abono de la prima por jubilación anticipada que fue declarado en suspenso en las leyes de presupuestos del año 2012 por el ejecutivo de Lakua.

Esta nueva resolución judicial, fundamentada a lo largo de 18 folios, mantiene la puerta abierta a la reivindicación de la Asociación de Docentes Jubilados del País Vasco (Adostuz) que conforman 3.232 profesores jubilados en Euskadi y que mantienenidéntica reclamación sobre este compromiso adquirido por el Gobierno Vasco en 2010. La sentencia, comunicada el pasado 8 de junio a las partes, no es firme y cabe interponer un recurso de apelación en el plazo de quince días, desde su fecha de notificación. Previsiblemente, el Gobierno vasco opte nuevamente por recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para volver a frenar las reclamaciones.

No puede suprimir un derecho

El fallo declara el “derecho consolidado” de todos los recurrentes a cobrar la prima de jubilación anticipada que en cada caso corresponda. La sentencia señala que una Ley de Presupuestos puede suspender la eficacia del derecho, pero nunca suprimirlo. “La Ley de Presupuestos no puede extinguir o suprimir la prima”, ya que “no puede vehicular un cambio normativo que entrañe la supresión o el cese del todo de un derecho reconocido en una ley”, expone.

La resolución hace hincapié en ese matiz. Y es que la batería de recortes que impulsó Patxi López por las apreturas presupuestarias que causó la crisis hace una década dejó las primas por jubilación en suspenso y, por tanto, pendientes de cobro. El auto alude a que “suspender entraña conservar el derecho a recuperar el abono, ya que solo se detiene o difiere durante un tiempo. De manera que no se suspende el reconocimiento del derecho”. Además, el tribunal añade que la suspensión de las primas en el presupuesto de 2012 supone una contención del gasto en ese momento coyuntural y para el año siguiente. “Solo para el año siguiente”, remarca, para conseguir el objetivo marcado de reducción del déficit público.

El veredicto manifiesta que los funcionarios docentes se jubilaron de forma anticipada “cumpliendo todos los requisitos” del artículo 68 del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionariado docente no universitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y amplia que “reúnen los requisitos establecidos para tener derecho a la indemnización” por jubilación anticipada. Unos derechos adquiridos, ya que el acuerdo que los regula solo está suspendido por mandato de la ley, pero “no derogado”.

Así, estima que los docentes tienen derecho consolidado a percibir 19 mensualidades de paga ordinaria, o las que resulten en cada caso, por jubilación anticipada que podrán cobrar cuando el Parlamento Vasco legisle la suspensión de la aplicación del artículo 68 del decreto 185/11. Una interrupción que ha sido prorrogada por las leyes presupuestarias posteriores. Esta sentencia es fruto de un recurso que interpuso Adostuz ante una nueva resolución administrativa con el Departamento de Educación del año 2019.170 millones de euros

La presidenta de Adostuz se ha mostrado “satisfecha” por la resolución al reseñar que “reconoce todos sus planteamientos”. Para Luisa Calvo una Ley de Presupuestos no puede aplicarse con el objetivo de suprimir derechos, puesto que si no “podrían tumbar convenios laborales solo con decir que no hay dinero”. Calvo cuenta que es difícil hacer una valoración concreta de las indemnizaciones, ya que cada docente tiene su caso al jubilarse unos “con 60 años y otros con 62”, pero estima en 170 millones de euros el coste de devolver las primas para el Gobierno Vasco, a razón de unos 60.000 euros por persona. La presidenta de la asociación no tiene ninguna duda de que el ejecutivo autonómico recurrirá el fallo ante el TSJPV. Adostuz realizará una rueda de prensa este próximo lunes en Bilbao para realizar una valoración pública de la sentencia.

Un conflicto de más de una década

El origen del conflicto sobre las primas de jubilación anticipada está en el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario docente no universitario de la CAV suscrito en 2010. Un mecanismo de compensación en la rebaja de la pensión para aquellos profesores que dejaban su puesto antes de los 65 años para dar entrada a personal más joven.

Los docentes que se jubilaron ese año y en 2011 sí recibieron el dinero, pero a partir del 1 de enero de 2012 la medida quedó suspendida dentro de la batería de recortes que impulsó Patxi López a causa de la crisis. Los docentes jubilados reclaman percibir la prima una vez la situación de las arcas públicas estuviera más desahogada y han acudido a los tribunales en varias ocasiones. No en vano, los juzgados de primera instancia les han dado tres veces la razón, pero el TSJPV, posteriormente se las ha denegado, si bien sigue el camino abierto vía Supremo.

Un largo camino en los tribunales, mientras que en paralelo han intentado abordar negociaciones en el seno del Parlamento Vasco. Unos contactos e iniciativas que, por el momento, no han llegado nunca a buen puerto ante la negativa del gobierno PNV-PSE. Dos frentes a los que se une la vía pública, ya que los afectados llevan años presentes en las calles de Euskadi para reivindicar sus demandas.

Apasos debe volver a la perrera

  • Decisión. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la capital alavesa ha estimado la demanda de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que ordenaba el regreso de la asociación Apasos a la perrera. Según una nota de prensa enviada por la abogada de la asociación, las voluntarias de Apasos deben poder trabajar en la perrera de Armentia con todos sus derechos y en las mismas condiciones que antes de mayo de 2020. El comunicado explica que la sentencia ha considerado que “la Administración municipal está tratando de eludir las sentencias judiciales”, y ha anulado todas las normas del equipo municipal “dictadas ex profeso para impedir el trabajo de la Asociación”. Apasos destaca que el nuevo auto judicial afirma que el Ayuntamiento cambió su actitud hacia la asociación después de que siete voluntarias denunciaran haber sufrido abusos sexuales, vejaciones y humillaciones en la perrera municipal. Apasos ha manifestado su satisfacción por el fallo, ya que “garantizará un ambiente de trabajo más amable para las voluntarias y mejoras para la situación de los animales abandonados”.