Tras la recepción por parte de los inquilinos de un burofax por el que se les comunicaba la finalización de los contratos de alquiler protegido de las viviendas de VPO de Arramendi, en Errenteria, (40, aunque no todas ocupadas en la actualidad) la plataforma Stop Desahucios ha reclamado que el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco tome cartas en el asunto para evitar el desalojo de las familias que las habitan.

Dos son las opciones que la plataforma, que registró ayer una demanda de ayuda dirigida al Gobierno Vasco, baraja para que la empresa Jauregizar, propietaria de las viviendas, no ejecute este desalojo. Por una parte proponen que el departamento encabezado por Iñaki Arriola lleve a cabo "los esfuerzos necesarios para dar continuidad a los contratos protegidos" en base a la Orden 6319 del 7 de diciembre o que, en su defecto, "ejerza el derecho de tanteo y retracto y adquiera las viviendas a precios de VPO", según se contempla en los artículos 65 y 66 de la Ley de Vivienda Vasca.

En este caso, ha apuntado la portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, se pide que se ejecute la compra de aquellas viviendas que los inquilinos no puedan adquirir para "dedicarlas a la función social" que les corresponde.

El departamento de Vivienda, con el que se ha puesto en contacto NOTICIAS DE GIPUZKOA, ha indicado que "llevan meses" manteniendo contacto "con la empresa y el Ayuntamiento de Errenteria" para lograr "que se prolonguen los contratos de alquiler".

"El Gobierno Vasco dispone de unas ayudas que ya hemos explicado a la empresa. Son subvenciones para el mantenimiento de este tipo de arrendamientos. Serían subvenciones de 15.000 euros por vivienda por un arrendamiento de 10 años", han explicado desde Gasteiz, donde ya "hay una orden firmada" para que la empresa se acoja a las ayudas, opción esta que según Stop Desahucios Jauregizar, de momento, no contempla.

A su entender, "esta es la vía que hay que explorar con un poco de esfuerzo por parte de todos, porque garantiza efectivamente el mantenimiento de esos inquilinos en esas viviendas. El resto de salidas que se proponen no lo hacen", abundan desde el Gobierno Vasco, que quiere puntualizar una serie de cuestiones respecto a la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir las viviendas.

"Estas son viviendas de Protección Oficial con calificación permanente, que nunca van a pasar a ser libres", han recordado. Para que se ejerza ese derecho de tanteo y retracto "debe darse una operación de transacción, que no existe". Y "en el caso remoto" de que el Gobierno se hiciera con las viviendas "no se garantiza la continuidad de los inquilinos".

"No existe cobertura legal que nos ampare para que puedan seguir. Pasarían a ser viviendas del Gobierno Vasco y hay demandantes en las listas de Etxebide que tienen unas puntuaciones y baremos y nosotros no podemos poner por encima a otras personas", han explicado.

En el caso de que haya inquilinos que "pueden adquirir la vivienda en con un contrato en regla, nosotros nos vamos a oponer", añaden.

Por su parte, García recordó que son 14 las familias que han recibido el burofax, algunas con finalización de contrato a fecha 16 de mayo. "A la última que se le acaba el contrato es el 1 de julio", ha destacado.

La situación económica de quienes viven en los pisos de Arramendi no les permite, en la mayor parte de los casos, que tomen en cuenta la opción de compra, de ahí que la situación de las personas afectadas sea de máxima urgencia.

En la rueda de prensa en la que participó una nutrida representación de los vecinos afectados estuvieron presentes ediles de EH-Bildu y Elkarrekin en los ayuntamientos de Errenteria y Donostia, además de representantes de LAB y CCOO y de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, GEPE.

Tras manifestar los vecinos afectados su voluntad de "no desalojar ni entregar las llaves" pero sí de "seguir pagando las rentas", la empresa Jauregizar dejó patente, así lo la indiciado Stop Desahucios, "que no va a admitir tales pagos".

Sin opciones

Marian es una de las inquilinas de estas viviendas que tiene claro que no devolverá las llaves. "No tengo otra opción, porque además por mi edad, 58 años, no me conceden créditos", ha apuntado. "Me pregunto, además, qué va a pasar con todo lo que hemos pagado estos años", que son cerca de 75.000 euros según apuntó otro de los adjudicatarios, Zigor, que ha explicado que en su caso viene pagando alquileres que oscilan entre los 5.000 y los 6.000 euros al año.

"¿Qué hacemos además con todo lo que tenemos dentro con tan poco tiempo?", se ha preguntado Marian, mientras que otro de los inquilinos ha puesto el acento en el peaje que a nivel psicológico están pagando. Padre de dos menores de 10 y 14 años, uno de ello con una minusvalía, ha incidido en el sufrimiento de sus hijos y el de su compañera, "que no puede ni dormir".