La justicia da un mes de plazo al Ayuntamiento de Eibar para que la policía disponga de armas de fuego

Las armas y sus fundas ya están compradas en Eibar. El armero está listo, así como la zona fría, como se conoce al espacio habilitado en dependencias policiales para su manipulación. Solo falta que los agentes sean citados para recibir los cursos de formación en la academia de tiro de Arkaute, algo que está previsto a lo largo de este mes, según explica a NOTICIAS DE GIPUZKOA el alcalde del municipio, Jon Iraola, que asume que ha sido “un periplo bastante largo”.

En concreto, tres años de litigio han sido necesarios para que la Policía Local de Eibar sea dotada de armas de fuego, algo que no comparte el Ayuntamiento, que si bien acata la sentencia, cree que la medida no está justificada. Lo dice atendiendo al balance de años de gestión “en los que no ha habido incidentes reseñables”, con una policía local que hasta ahora no usaba armas cortas, pero que trabaja en colaboración con la Ertzaintza, que sí las porta.

“Contamos con una Ertzain-etxea que se hace cargo de los supuestos más graves, y Eibar no es una localidad especialmente conflictiva, aunque es verdad que el contexto social está cambiando”, admite el máximo regidor.

Esa opinión renuente a contar con más agentes armados ha originado un largo proceso que finaliza ahora con un nuevo plazo: el próximo 1 de mayo.

Es el que fija el auto del Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Donostia, que obliga al Consistorio a ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, del 5 de junio de 2019, en la que se estimó un recurso del Sindicato Vasco de Policía y Emergencias CVPE-PLES para que los municipales portaran armas durante sus labores como agentes de seguridad ciudadana.

En dicha sentencia de 2019, que se convirtió en firme por una resolución del Tribunal Supremo en mayo de 2020, se considera que "diariamente se producen supuestos delictivos de entidad tal que al menos el porte de armas de fuego se evidencia razonable para la seguridad del propio policía, de las víctimas y para mantener y en su caso restablecer la seguridad ciudadana".

TRAS DONOSTIA, ERRENTERIA E IRUN

Eibar dispone así de un mes para convertirse en el cuarto municipio guipuzcoano en el que sus agentes locales utilizan armas de fuego, como en Donostia, Errenteria o Irun. Ante este nuevo requerimiento judicial, el Consistorio tiene previsto presentar un escrito para ampliar ese plazo, “porque teniendo en cuenta la formación necesaria y con la Semana Santa de por medio, vamos a andar un poco justos”, según avanza a este periódico el alcalde armero.

El paso adelante que se ve obligado a dar el Ayuntamiento, al que la justicia apremia ahora, plantea el debate sobre la necesidad o no de reforzar la presencia de agentes armados en las calles, algo que despierta diferentes sensibilidades entre las propias policías locales. Ainhoa Azpiri es delegada del sindicato CVPE en Eibar.

Esta agente municipal entiende que las armas de fuego son necesarias como elemento disuasorio “ante el creciente registro de delincuencia”, con el nivel 4 por Alerta Terrorista como telón de fondo en el Estado. “Ojalá nunca tengamos que hacer uso de ellas pero entendemos que son precisas en la actual situación”, sostiene.

Los tribunales así lo han entendido también. Así lo recoge la sentencia del TSJPV de 2019, que es firme tras la resolución del Tribunal Supremo, de mayo de 2020, en respuesta a un recurso de casación presentado por el Consistorio. La realidad social demuestra, dice el texto, que la seguridad ciudadana se ve alterada hoy en día de tal modo que “que el uso de la fuerza, y más exactamente de armas de fuego, se convierte en imprescindible”.

POR "SEGURIDAD" DE LOS AGENTES Y VÍCTIMAS

La resolución señala además “la función disuasoria” que pueden tener los agentes armados ante actividades delictivas de “especial gravedad”, como pueden ser las de naturaleza terrorista. El TSJPV agrega que el uso de armas cortas puede ser necesario en el marco de la colaboración entre la Policía Local y el resto de cuerpos policiales, por ejemplo, al prestar “cobertura armada con urgencia” ante la comisión flagrante de un delito grave. En suma, el tribunal ve “razonable” portar armas de fuego, tanto desde el punto de vista de la seguridad de los agentes como de las víctimas, así como a la hora de mantener o restablecer la seguridad ciudadana.

Desde el pronunciamiento del alto tribunal, el alcalde de la localidad asegura que se han ido dando los pasos necesarios para dar cumplimiento a la sentencia. Aduce que es algo que “lleva más tiempo de lo que parece, porque la compra de armas y toda la burocracia es un proceso complejo”. La formación pendiente ahora en Arkaute es, señala, “solo el corolario de un largo trabajo” que comienza tras la resolución del Supremo del 11 de mayo de 2020, “tras la cual dotamos de presupuesto para comprar las armas y el armero”.

El Sindicato Vasco de Policía y Emergencias, la parte apelante en el litigio, denuncia una estrategia “dilatoria” que es fruto de una “nula voluntad”. “Se fijó como fecha límite al 31 de octubre del año pasado. Se supone que desde ese día íbamos a ir armados, pero la medida no se cumplió y el juez ha venido pidiendo desde entonces explicaciones”, detalla Azpiri, de 46 años.

La plantilla de la Policía Municipal de Eibar la integran 40 agentes, la mitad de ellos interinos sin ningún problema legal para seguir el proceso de formación. La academia de Arkaute sí ha puesto objecciones durante este tiempo con cinco miembros del cuerpo policial que no figuran en su registro, bien porque se desconoce la procedencia de contratación o son integrantes de bolsas de trabajo extinguidas. “Es una cuestión que el Ayuntamiento ha utilizado como excusa para no cumplir la sentencia, pero ese es otro problema, porque para eso están las OPEs. También se nos dijo que Arkaute no tenía espacio para formarnos, cuando en junio del año pasado ya señaló que podría hacerlo en grupos de diez”, critica Azpiri.

Por su parte, el delegado sindical del sindicato Erne en Eibar, Emilio Grajera, señala que después de estos años de litigio la situación “ya se ha reconducido” y los primeros agentes acudirán a la academia de formación “en breve”, una vez que se libere la agenda de citaciones en Arkaute.